Canarias Ahora
El Tribunal Superior de Justicia reprocha el uso de un "atajo" para eludir la demolición de la urbanización, pero el Ejecutivo de María Guardiola ya ha anunciado que recurrirá el auto El Constitucional rechaza el último recurso que pretendía impedir la demolición de Valdecañas El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado la razón a Ecologistas en Acción y ha paralizado el decreto de la Junta que pretendía evitar la demolición de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas, ubicada en la provincia de Cáceres. La norma suspendida, que fue aprobada el pasado 16 de diciembre, ajustaba los límites de 11 espacios declarados Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la región, entre ellos el de Valdecañas. Sin embargo, los magistrados de la Sala han sido tajantes en su resolución: “La exclusión de la zona ZEPA de la Isla Valdecañas puede suponer en definitiva un atajo para resolver otros problemas”, en clara referencia al intento de eludir la demolición del complejo turístico ordenada por el Tribunal Supremo y, posteriormente, avalada por el Constitucional , que desestimó los recursos de amparo que pretendían mantener en pie el complejo. La Junta de Extremadura sostiene que el decreto solo pretende corregir imprecisiones cartográficas derivadas de mapas en papel obsoletos, pero el TSJEx ha concluido lo contrario al no apreciar “una justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación que realiza el decreto, que va más allá de una corrección de errores con apariencia […] Resulta evidente que el nuevo decreto puede hacer extremadamente difícil ejecutar las sentencias firmes”. Dada la naturaleza del caso, el alto tribunal extremeño ha adoptado la medida cautelar sin exigir caución o fianza alguna a la organización ecologista. El tribunal fundamenta esta decisión en que la medida tiene “como finalidad la protección de un bien colectivo como es el medio ambiente” y que la organización recurrente actúa en ejercicio de una acción popular. “Un fraude de ley en toda regla” El abogado de Ecologistas en Acción, Jaime Doreste, profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha subrayado que la decisión del TSJEx “ha desnudado por completo la maniobra de la Junta”. A su juicio, no se trata de una corrección técnica, “sino de un fraude de ley en toda regla” para “intentar rescatar urbanísticamente la Marina de Valdecañas a costa de violar el Estado de Derecho”. Aunque no es la sentencia final, supone “un golpe casi definitivo a las pretensiones de la Junta”, ha valorado. Por su parte, la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias ha anunciado formalmente que recurrirá el auto del TSJEx. A través de un comunicado, el Gobierno de María Guardiola ha manifestado su respeto a las decisiones judiciales, pero ha asegurado que “seguirá peleando para que la realidad jurídica concuerde con la realidad material”. La Junta defiende que el decreto recurrido emplea cartografía digital y tecnología más precisa para enmendar delimitaciones antiguas y sostiene que, precisamente, la situación de la Marina Isla de Valdecañas deriva de “errores cartográficos que llevaron a proteger como valores ambientales lo que verdaderamente no lo eran”. En este sentido, el Ejecutivo ha argumentado que esta consideración “debe prevalecer por encima de cualquier otra, habida cuenta de que las sentencias lo son en base a datos que los avances tecnológicos han demostrado erróneos”. Además, ha destacado que la resolución judicial actual se limita a acordar una suspensión cautelar “sin pronunciarse sobre la validez del decreto”. Una polémica de casi 20 años Este nuevo varapalo del TSJEx a la estrategia de la Junta de Extremadura se suma a una larga lista de reveses judiciales que arrastra el complejo turístico, conocido como 'el Algarrobico extremeño' , objeto de polémica desde que en 2007 obtuvo el visto bueno del Ejecutivo autonómico para levantarse en medio del pantano de Valdecañas y en una ZEPA, después de que la Junta lo declarase Proyecto de Interés Regional para permitir la recalificación de los terrenos para su construcción. El recorrido en los tribunales quedó firmemente sellado cuando el Tribunal Supremo ordenó en 2022 la demolición total del resort de lujo de la Isla de Valdecañas , estimando el recurso de Ecologistas en Acción contra una resolución previa del TSJEx, que pretendía salvar los chalets y el campo de golf que ya estaban construidos. De esta forma, la orden es echar abajo las 185 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas y un campo de golf, además de todo lo que está en pie, pero se quedó sin concluir. Los propietarios, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, en cuyos términos municipales se encuentra el resort, y la Junta de Extremadura acudieron al Tribunal Constitucional, que a finales del año pasado desestimó uno por uno los recursos de amparo planteados contra la sentencia del Supremo.
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