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La ministra de Sanidad, Mónica García , sigue defendiendo que su Estatuto Marco —la norma que regula las condiciones laborales del personal que trabaja en la sanidad— es bueno para los profesiones. Pese a tener en contra la titular del ministerio a los médicos, a las comunidades autónomas e incluso ahora también a los sindicatos con los que pactó la norma, García ha acusado ahora a las comunidades autónomas de ser las que promueven la huelga de facultativos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y tras ser preguntada por la próxima huelga médica, que tendrá lugar la próxima semana, la ministra de Sanidad ha intentado trasladar toda la responsabilidad a las autonomías. «Desde el ministerio hemos hecho todo lo posible para eliminar esas huelgas. Las comunidades autónomas son las que ahora mismo tienen la llave para eliminarlas», ha dicho. Este miércoles está prevista la celebración de una reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el marco del pleno del Consejo Interterritorial de Salud. Se abordará exclusivamente el Estatuto Marco. Pero los consejeros del ramo de todas las regiones se reunirán este martes, en la víspera del encuentro, para valorar si tiene sentido participar en la cita, tal como ha adelantado el consejero vasco Alberto Martínez. En esta línea, Martínez ha denunciado que el ministerio de Mónica García ha actuado «tarde y mal» en el conflicto y ha advertido de que «todos los puentes están rotos» en la negociación. Denuncia que Sanidad haya aprobado primero el proyecto sin informar a las autonomías , convocándolas más tarde a un encuentro. Esa convocatoria, dice, «no se sostiene jurídicamente» y supone una «enorme falta de respeto institucional». También la consejera de la Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha manifestado su «voluntad de reparar el disparate en el que se ha convertido el Estatuto Marco» que, incide se ha lanzado sin el consenso de todos. Pero durante su intervención, Mónica García ha insistido en que su departamento ha hecho su trabajo, reformando un texto que ha provocado, dice, «más de 20 años de cúmulo de malestares, de precariedad, de maltrato profesional y de inestabilidad». Refuerza la ministra de Sanidad que su texto, que actualmente no cuenta con el apoyo de ninguno de los actores implicados, «pone las primeras piedras para poner límites» a esas condiciones laborales y que ahora son las autonomías las que deben acabar con el conflicto. «Las comunidades autónomas tienen ahora la oportunidad de demostrar que todas van a poner de su parte para que las mejoras de las condiciones laborales de los profesionales se vean materializadas», ha lanzado la ministra de Sanidad.
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