COPE
El pleno del Ayuntamiento de Dénia ha aprobado inicialmente la nueva ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico. La normativa ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno (PSPV-PSOE y Compromís) y Gent de Dénia, la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Vox. El objetivo declarado es equilibrar la actividad turística con el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal. La concejala socialista, María Josep Ripoll, ha defendido en COPE Dénia Marina Alta que la medida busca preservar barrios residenciales de toda la vida, como París Pedrera o el Saladar, donde han comenzado a implantarse alojamientos turísticos. Según ha explicado, la ordenanza pretende "equilibrar un poco el turismo en nuestra ciudad" y regular las viviendas con una rotación inferior a diez días que estaban apareciendo en zonas no tradicionalmente turísticas. Ripoll ha insistido en que la normativa no pretende "de ninguna manera solucionar el problema de la vivienda", que considera de ámbito nacional, sino poner orden en el casco urbano. Ha aclarado que zonas como Rotes, Marines y Montgó, de segunda residencia, quedan de momento al margen de esta regulación, y que el documento se expone ahora al público para recibir aportaciones. Por su parte, Rafa Carrió, de Compromís, ha subrayado que "el problema no es el turismo", sino la falta de regulación para mantener un "equilibrio de convivencia". Ha alertado de las dificultades para encontrar casa que sufren trabajadores esenciales y ha señalado la existencia de más de quinientas viviendas turísticas ilegales. Carrió cree que cada administración debe asumir sus competencias y sugiere que la Generalitat podría declarar Dénia como zona tensionada para ayudar a regular los precios del alquiler. Desde la oposición, las críticas se han centrado en que la ordenanza no soluciona el problema de fondo. Carlos Barona, del Partido Popular, considera que la normativa "ataca las consecuencias de la falta de vivienda, pero no da solución a las causas reales del problema". Sostiene que, en una zona turística de alta demanda, "los precios no bajan por decreto" y que restringir licencias durante dos años no ha mejorado el acceso a la vivienda para los jóvenes. Barona ha defendido que la solución pasa por "aumentar la oferta de vivienda, tanto pública como privada" y eliminar trabas burocráticas. El concejal popular ha calificado la ordenanza de "política" y ha reclamado "datos objetivos" y no "opiniones o percepciones" sobre las quejas vecinales para justificar una medida que, a su juicio, restringe la propiedad privada y la libre competencia. En una línea similar, Bernardo Perles, de Vox, ha calificado la medida como una forma de "esconder detrás de una la incompetencia de la gestión municipal". Para Perles, "el turismo no es el enemigo, es el principal motor económico de Dénia", y el verdadero problema es "la mala regularización, la inseguridad jurídica y la falta de vivienda". El portavoz de Vox ha argumentado que la inseguridad jurídica con la ocupación empuja a los propietarios a optar por el alquiler vacacional en lugar del anual. "Si se castiga al propietario legal gana la economía sumergida y la inseguridad jurídica", ha sentenciado, insistiendo en que "el problema de la vivienda no se resuelve atacando al turismo". Mario Vidal, de Gent de Dénia, ha justificado su apoyo a la medida en la necesidad de proteger la convivencia vecinal, aunque con matices. "Regular no es prohibir", ha afirmado, mostrándose contrario a una "prohibición generalizada" en el casco urbano y proponiendo en su lugar "establecer límites y porcentajes máximos por zonas". Vidal ha recordado que muchos inmuebles en barrios como Baix la Mar y Roques han sido rehabilitados gracias a la rentabilidad del alquiler turístico y ha pedido estabilidad normativa para no perjudicar esas inversiones. Además, ha propuesto fomentar el alquiler de larga duración con ayudas reales y crear una "verdadera oficina pública de alquiler" que ofrezca garantías a los propietarios. En sus conclusiones, los portavoces han reafirmado sus posturas. Ripoll ha defendido la potestad del ayuntamiento para ordenar el territorio, mientras que Barona ha insistido en que "la única solución no es prohibir, es construir más vivienda". Perles ha abogado por dar seguridad jurídica al propietario y Vidal ha reiterado que, aunque el negocio es importante, la convivencia es fundamental.
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