CORDÓPOLIS
El colectivo se dirige al Gobierno para cambiar un real decreto que, aseguran, apenas cubre los daños de un accidente como el de enero La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, representada por Administrativando Abogados, ha presentado una solicitud formal ante la Presidencia del Gobierno, el Consejo de Ministros y varios departamentos ministeriales para reclamar una reforma urgente del sistema de indemnizaciones aplicable a las víctimas de accidentes ferroviarios. El escrito, firmado por el abogado Antonio Benítez Ostos, ha sido remitido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con el objetivo de actualizar el baremo recogido en el Real Decreto 627/2014, basado a su vez en el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros aprobado en 1989. La asociación sostiene que la experiencia derivada del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 ha evidenciado las carencias del sistema actual, al considerar que las compensaciones previstas resultan insuficientes para reconocer la totalidad de los daños sufridos por las víctimas. Según explica el colectivo, la normativa vigente centra la protección en las lesiones físicas más graves, pero deja fuera numerosas secuelas que pueden tener un fuerte impacto en la vida de los afectados, como los trastornos psicológicos, la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, las alteraciones del sueño o el miedo persistente a volver a utilizar el tren. Por ello, la asociación reclama la creación de nuevas categorías indemnizatorias que contemplen de forma expresa los daños psicológicos y emocionales derivados de este tipo de siniestros, así como las limitaciones laborales y funcionales que puedan sufrir las víctimas aunque sus lesiones no sean catalogadas como graves. Una ley de cuantías mínimas Entre las medidas propuestas también se incluye la fijación de cuantías mínimas orientativas y el reconocimiento automático como víctimas, a efectos indemnizatorios, de todas las personas que viajen en un tren siniestrado, con el fin de evitar interpretaciones restrictivas que puedan dejar desprotegidos a algunos afectados. La petición va acompañada de un informe técnico titulado Revisión de la evidencia científica para los criterios de valoración neuropsicológica y psicopatológica en víctimas de catástrofe colectiva, trauma agudo y estrés postraumático complejo , elaborado por una psicóloga general sanitaria especializada en trauma complejo y neuropsicología clínica. El documento revisa la evidencia científica y clínica existente sobre las secuelas neuropsicológicas, cognitivas, emocionales y conductuales que presentan las víctimas de accidentes ferroviarios de carácter catastrófico. El informe concluye que los daños psicológicos derivados de experiencias traumáticas extremas constituyen lesiones reales, objetivables y susceptibles de valoración pericial. Entre las consecuencias analizadas figuran las alteraciones de memoria, los fenómenos intrusivos asociados al trastorno de estrés postraumático, las conductas de evitación, la rigidez cognitiva, las alteraciones persistentes del estado de ánimo y los cuadros de hiperactivación fisiológica, todos ellos ampliamente reconocidos por la literatura científica internacional. Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados y coordinador de la defensa jurídica de la asociación, asegura que “la normativa cuya modificación solicitamos está completamente desfasada y no responde de forma real, coherente y efectiva a las secuelas que padecen las víctimas de un siniestro como el de Adamuz”. “Ninguna persona afectada por una tragedia de esta magnitud debe quedar desprotegida por la existencia de normas obsoletas o sistemas de valoración que no reflejen la realidad médica y humana de los daños sufridos”, añade.
Go to News Site
RT en Español 
Euronews español 
Cope Zaragoza 
okdiario.com 
