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Decenas de piscinas privadas, campings, hoteles y comunidades de vecinos en Euskadi están teniendo serios problemas este verano. La causa principal es la dificultad para encontrar personal cualificado que cumpla con la certificación reglada para socorristas, una situación que ha generado una gran confusión y que deja a muchas instalaciones sin poder operar. La ley 8/2022 del Parlamento Vasco regula el socorrismo en la región, pero la situación actual no es una sorpresa. Según Fernando Garrigós, director del Centro de Formación Profesional Harrobia de Bilbao y experto en la materia, es "una cosa que es conocida desde hace 4 años". De hecho, Garrigós apunta que existían antecedentes desde 2013 que ya advertían del fin de la validez de las titulaciones no oficiales, por lo que tanto empresas como profesionales han tenido tiempo para adaptarse. Contrario a lo que se podría pensar, la obligatoriedad no proviene de la ley del deporte, ya que el socorrismo acuático no es una profesión del deporte. Garrigós aclara que la exigencia se introdujo mediante una disposición adicional en la ley de acceso a profesiones del deporte. El objetivo es claro: "en actividades deportivas acuáticas, tienen que guardar la la seguridad también, y por ello también ponen una serie de condiciones a los socorristas". La escasez de personal no se debe a una falta de opciones formativas. Fernando Garrigós desmiente que solo haya dos titulaciones y asegura que existen hasta "nueve posibilidades" entre certificados y títulos de formación profesional para ser socorrista. "Incluso podríamos añadir una décima que sería la titulación universitaria de Ciencias de la Actividad Física", si se cuenta con formación específica, lo que demuestra que no se trata de "algo muy muy puntual". A pesar de la variedad de titulaciones, la exigencia de una formación oficial y reglada implica una inversión de tiempo que algunos jóvenes, que ven el socorrismo como un trabajo temporal de verano, no están dispuestos a asumir. Ante esto, Garrigós considera que "el que quiera trabajar como para cualquier cosa, tendrá que realizar esas formaciones". Su centro ha propuesto ajustes al departamento de Educación para atraer al sistema integrado de formación profesional a quienes optan por formaciones externas. Históricamente, muchas empresas han impartido formaciones no oficiales que ahora no cumplen los requisitos. Garrigós señala que, si bien algunas están cerca de poder adaptarse al sistema reglado, "hay bastantes empresas que están muy lejos, muy lejos de poder cumplir las normativas regladas". Es precisamente en estas últimas donde, según el experto, "fundamentalmente los jóvenes y las jóvenes están haciendo estas formaciones". Quienes piden una moratoria se enfrentan a un obstáculo legal casi insalvable. Como explica Garrigós la ley "ha blindado las titulaciones", por lo que "para modificar lo que dice la ley, hacer una moratoria [...] tendrían que que hacer otra ley, en principio". Sin embargo, la propia normativa sí contempla un margen para aplicar medidas transitorias y habilitaciones temporales que podrían aliviar la situación actual. Existen varias vías que ya se pueden explorar. Por ejemplo, las personas que trabajaron antes de julio del 2022 pueden seguir haciéndolo si se presentan al procedimiento de reconocimiento de la competencia. Otra opción son los contratos en formación de en alternancia (FP Dual) para quienes aún no han finalizado sus estudios. Además, el Departamento de Educación se ha comprometido a facilitar la acreditación para quienes se presenten al reconocimiento de competencias. Garrigós sugiere otras medidas que se podrían implementar, como habilitar a los estudiantes que hayan finalizado el primer curso de formación profesional, donde se imparte el socorrismo. "Podrían habilitar como ha ocurrido hasta ahora. Las personas que habían acabado el 1º curso podían seguir trabajando", recuerda. También señala que la situación de los universitarios se encuentra en "un limbo" y podrían ser habilitados con algún cursillo si ya han terminado la carrera.
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