El Plural
La imputación de Gustavo Fuentes, consejero delegado de Andalucía Digital Multimedia (ADM), ha abierto una nueva crisis para la Junta de Andalucía y la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). La investigación judicial, adelantada por eldiario.es, afecta al máximo responsable de la principal productora vinculada a Canal Sur y ha provocado una cascada de peticiones de explicaciones por parte de las fuerzas de izquierda andaluzas, que exigen aclarar qué conocían las instituciones públicas y cuándo tuvieron constancia de los hechos denunciados. Según la información publicada, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla investiga una denuncia presentada por una trabajadora por presuntos delitos de agresión sexual, acoso sexual continuado y acoso laboral. La denuncia habría sido interpuesta el pasado mes de enero. La relevancia política del caso radica en la estrecha relación de ADM con el sector audiovisual público andaluz. La empresa es responsable de algunos de los contenidos más conocidos de Canal Sur, entre ellos el programa Andalucía Directo, y cuenta además con participación pública a través de sociedades dependientes de la Junta. Las preguntas que ahora sobrevuelan el caso son múltiples: si el Ejecutivo andaluz conocía la existencia de la denuncia, si Canal Sur fue informado de la investigación y qué protocolos se activaron para proteger a la denunciante una vez que se tuvo conocimiento de los hechos. La oposición reclama transparencia y responsabilidades Por su parte, el PSOE andaluz ha exigido explicaciones inmediatas al Gobierno de Moreno Bonilla y ha anunciado iniciativas parlamentarias para esclarecer lo sucedido. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha calificado de "gravísima" la información conocida y reclamó conocer "desde cuándo" la Junta y la RTVA tenían constancia de las denuncias. Los socialistas también han pedido la comparecencia de responsables en el Parlamento andaluz y han solicitado revisar los contratos vigentes con la productora para determinar si se han incumplido cláusulas sociales vinculadas a la contratación pública. En la misma línea, la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha reclamado que los representantes públicos presentes en el consejo de administración de la empresa promuevan una reunión extraordinaria para analizar la situación y adoptar decisiones inmediatas. Por Andalucía también ha elevado el tono, pues la parlamentaria electa Rosa Rodríguez ha considerado que el asunto afecta "al corazón del sector audiovisual público andaluz" y ha cuestionado que la dirección de la RTVA haya asegurado que la denuncia nunca fue tratada en su consejo de administración. Desde la coalición de izquierdas sostienen que la dimensión pública de la empresa obliga a ofrecer explicaciones detalladas sobre los mecanismos de prevención y protección existentes para las trabajadoras. Adelante Andalucía se ha sumado igualmente a las peticiones de transparencia. Su portavoz, José Ignacio García, ha calificado la situación de "barbaridad impresentable" y ha avanzado que su formación seguirá de cerca la evolución de la investigación judicial y las actuaciones de la RTVA y del Ejecutivo andaluz. El foco sobre los protocolos de protección Más allá de la batalla política, el caso ha vuelto a poner el...
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