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El Ayuntamiento de Alicante vuelve a verse obligado a devolver a la Generalitat Valenciana financiación destinada a los Servicios Sociales de la ciudad. El ejecutivo local no contrató al 100 % de los trabajadores sociales sufragados por la conselleria, por lo que tendrá que reintegrar más de 34.000 euros al departamento autonómico.
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