Ministra descalificada

Los médicos del sector público mantienen en las calles un pulso especialmente sangrante para la ciudadanía por la afectación al servicio pero conviene no errar el tiro sobre quién es el destinatario de su indignación: el Ministerio de Sanidad. Aunque la ministra Mónica García pretenda proyectar a las comunidades autónomas la responsabilidad de resolver el problema que ella ha creado, la inmensa mayoría de las reivindicaciones estructurales chocan contra el muro de la normativa básica recién auspiciada por ella. La abolición legal de las guardias de 24 horas continuadas, el cómputo de las cotizaciones para una jubilación justa o el reconocimiento de su especificidad a través de un Estatuto propio no son competencias autonómicas. Frente a esta crisis, la titular de Sanidad ha optado por el peor de los caminos: la unilateralidad.

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