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La Audiencia Provincial de Tarragona se prepara para decidir si arrebata o no al magistrado 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona, Rubén Rus , el llamado caso Montoro , en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico –ahora Global Afteli– dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos. En una diligencia de ordenación de finales de mayo, a la que ha tenido acceso infoLibre , la Sección Segunda del órgano judicial emplaza a todas las partes para que se pronuncien sobre la cuestión de competencia planteada por el despacho vinculado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro , que defiende que la causa debe ser remitida a Madrid. Y designa como ponente para la resolución de la misma a la magistrada Susana Calvo, presidenta de la sección. Desde que se levantara el secreto de sumario hace casi un año, la causa en la que figura como investigado el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha avanzado lentamente. Entre otras cosas, como consecuencia de la cascada de escritos y recursos. Las defensas buscan la declaración de nulidad de todo lo actuado, un torpedo en la línea de flotación del caso, alegando, entre otras cosas, una supuesta indefensión. Disparan, por ejemplo, contra el mantenimiento del secreto de las actuaciones durante años. O alegan una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del instructor al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid. "Decidió atribuirse el conocimiento de unos hechos de notorio cariz político y especial relevancia mediática" , resaltaban en uno de sus escritos. A finales de marzo, Equipo Económico planteó una cuestión de competencia ante la Audiencia de Tarragona. Lo hizo vía artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( Lecrim ), que prevé un cauce extraordinario para depurar ese asunto en plena instrucción ante un tribunal superior, que resolverá "de plano y sin ulterior recurso". Y recordando que esa "falta de competencia" ya había sido planteada por distintas defensas sin que, hasta ese momento, hubiera sido resuelta. "Asistimos, incrédulos, a la inacción del órgano de instancia, que no resuelve las cuestiones planteadas para retener indebidamente su competencia" , resaltaba la consultora. Hasta ese momento, efectivamente, el instructor aún no se había pronunciado sobre este asunto. Lo hizo tres semanas después, en respuesta a un escrito de Global Afteli, firma a la que fue traspasando su actividad Equipo Económico a medida que se multiplicaban las noticias sobre una posible investigación judicial. El juez Rus, que asegura no tener "especial interés" en el caso, rechazó deshacerse del caso . Y lo hizo con un auto en el que defendió que los "primeros indicios de delito" –unos correos electrónicos hallados en un registro a la empresa Messer– aparecieron en Tarragona y que las reformas legislativas tributarias logradas por mediación de Equipo Económico también impactaron en las arcas de la ciudad catalana. Pero ahora, sin embargo, será la Audiencia de Tarragona la que tenga la última palabra. La consultora, en su escrito, defiende que la causa debería estar en un juzgado de la capital. ¿Por qué? Porque allí es donde se habrían cometido los supuestos delitos. En la capital se encuentra la sede de Equipo Económico o la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim) . Y también donde se ubica el Ministerio de Hacienda , que es donde "desempeñaban su cometido los funcionarios y autoridades partícipes en los hechos investigados": "En ningún momento habría intervenido ningún funcionario o autoridad ubicado [...] en Tarragona". El escrito defiende como "absolutamente legítima" la actividad desarrollada por la patronal gasística: " Es habitual que los sectores afectados por una norma del tipo que sea hagan llegar a los responsables de la iniciativa, o que intervienen en el proceso legislativo, sus opiniones, aportaciones y sugerencias". Y también califica como "normal" e, incluso, "conveniente" que en esos procesos "se asesoren de los mejores expertos en la materia": "Esta fue la labor desarrollada por Equipo Económico para Afgim, en su calidad de acreditados expertos en fiscalidad, tal y como se evidencia en las comunicaciones desarrolladas". Del mismo modo, sostiene que no es "relevante" a la hora de determinar la "competencia" cuál sea la Hacienda Pública "afectada por los cambios normativos": "El delito de cohecho se consuma con la mera solicitud u oferta de dádiva y el de prevaricación con el dictado de la resolución administrativa manifiestamente injusta. De esta forma no se consuma el delito con el eventual perjuicio que pudiera producirse para la propia Administración". En base a todo ello, exige que la causa sea arrebatada al juzgado de Tarragona y sea remitida a uno de la capital. La Audiencia de Tarragona remitió a finales de mayo el escrito a las partes para la presentación de alegaciones. Entre ellas, a la Fiscalía Anticorrupción, que ha defendido a lo largo de los últimos meses que el caso continúe en Tarragona. "Las actuaciones han seguido un escrupuloso y exquisito comportamiento para respetar, como no puede ser de otra forma, tanto las normas procesales como los derechos de los investigados, evitando injerencias y daños colaterales", señalaba el Ministerio Público en un informe fechado a finales del pasado año, en el que hablaba de "actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona". Para la resolución de este asunto ha sido designada como ponente la magistrada Susana Calvo , que con dos décadas de carrera a sus espaldas figura como presidenta de la Sección Segunda. Un área penal que, según la última memoria de la Audiencia Provincial de Tarragona , tiene un tiempo medio de respuesta de entre dos y tres meses.
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