El Plural

Multas y suspensión: el PSOE busca endurecer el código de conducta del Congreso tras el último altercado de Vox

El PSOE quiere que los altercados graves en el Congreso tengan consecuencias más contundentes. El Grupo Socialista llevará este jueves al Pleno una proposición de ley para reformar el Reglamento de la Cámara Baja con el objetivo de reforzar el régimen disciplinario de los diputados, introducir nuevas causas de suspensión temporal y permitir multas de hasta 2.000 euros cuando un parlamentario sea expulsado de una sesión por alterar el orden. La iniciativa llega después del episodio protagonizado hace unas semanas por el diputado de Vox José María Sánchez García, que fue expulsado del hemiciclo tras subir en dos ocasiones a la zona reservada a la Presidencia. En aquel incidente, el parlamentario se encaró primero con una letrada y después con el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidía la sesión en ese momento. El suceso aceleró el debate sobre los límites del bronquismo parlamentario y sobre la necesidad de dotar a la Presidencia de herramientas más eficaces para preservar el funcionamiento de la Cámara. La reforma planteada por los socialistas propone modificar el artículo 101 del Reglamento del Congreso para incorporar una nueva causa de suspensión temporal de la condición de diputado. Esa medida podría aplicarse cuando un parlamentario, "de obra o de palabra", ejerza violencia o intimidación grave dentro del recinto parlamentario contra la Presidencia, la Mesa, los letrados o los ujieres que asisten a los órganos de la Cámara, ya sea durante una sesión o fuera de ella. La propuesta también toca el artículo 104, que regula la expulsión de diputados del Hemiciclo tras las llamadas al orden. Hasta ahora, cuando un parlamentario recibe tres advertencias y acaba expulsado, la Presidencia puede impedirle asistir al resto de la sesión. Con el cambio que plantea el PSOE, esa expulsión llevaría aparejada una multa económica de 1.000 euros. La sanción sería mayor si el diputado se resistiera a abandonar el salón de sesiones tras ser expulsado. En ese caso, la posible prohibición de asistir a la siguiente sesión iría acompañada de una multa de 2.000 euros. La cuantía dependería, por tanto, del nivel de resistencia al cumplimiento de los requerimientos de la Presidencia. Deterioro de las formas parlamentarias Los socialistas justifican la reforma en la necesidad de "proteger la integridad institucional del Congreso" y "salvaguardar la autoridad de sus órganos de gobierno". En su argumentario, sostienen que las conductas perturbadoras se han reiterado en los últimos tiempos y que la expulsión temporal, por sí sola, no siempre resulta suficiente para disuadir a quienes fuerzan el límite del reglamento. El PSOE defiende que el Reglamento debe ganar "mayor capacidad preventiva y correctora" mediante un mecanismo adicional: la sanción económica. Los socialistas recuerdan que fórmulas similares existen en otros Parlamentos europeos, como el Bundestag alemán, donde las multas forman parte del régimen disciplinario para hacer frente a comportamientos que alteran el normal desarrollo de las sesiones. La propuesta se suma a un paquete más amplio de reformas reglamentarias que ya están presentadas o en tramitación en la Cámara Baja...