El Plural

Bruselas levanta un muro: controles migratorios exhaustivos, deportaciones y el fin de la 'Europa abierta'

El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, un conjunto de reglamentos que el Parlamento Europeo aprobó en 2024 y que transformarán la gestión migratoria en todo el continente, entra en vigor este viernes 12 de junio. Provocará, tras años de gestación, la activación de una maquinaria de sistemas policiales, judiciales y aduaneros, procedimientos de criba en frontera y un sistema de vigilancia biométrica que incluirá la cara y las huellas dactilares de cualquier menor no acompañado desde los seis años de edad. En esencia, supone el fin de lo que podía conocerse como la 'Europa abierta', y establecerá controles muy severos sobre los flujos migratorios y apuntalará un volantazo conservador en la manera de tratar este asunto por parte de la administración comunitaria. "El acuerdo hará que el retorno de los migrantes sin derecho a permanecer en la Unión Europea sea más rápido y más coherente en toda Europa", argumentaba esta semana la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, después de que la Eurocámara y el Consejo Europeo aprobasen el texto. El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, calificaba de "innovador" este plan europeo. Entre su articulado, la normativa contempla la creación de centros de expulsión en terceros países y elimina la obligación de que estos tengan necesariamente una vinculación con las personas deportadas y expulsar de forma inmediata a aquellas personas a las que se les haya denegado la solicitud de asilo. En la práctica, medidas que suponen un fuerte endurecimiento de las fronteras y el desarrollo de mecanismos para agilizar las expulsiones de personas migrantes fuera del continente. Sin que la extrema derecha haya llegado a gobernar en prácticamente ningún país del Viejo Continente, sus marcos sobre inmigración se están imponiendo igualmente en la administración de Bruselas. La medida que entrará con mayor celeridad en vigor es el procedimiento de cribado en todos los puntos de entrada de la Unión Europea. Cualquier persona que llegue, por ejemplo, a las costas canarias, tendrá que someterse a exhaustivos controles de identidad, estado de salud y perfil de seguridad en un plazo máximo de siete días, tiempo en el que los migrantes no tendrán derecho legal a pisar territorio nacional. El pacto lo recoge en su cuerpo bautizándolo como "ficción de no entrada", en lo que, en otras palabras, consiste en un limbo jurídico administrado en instalaciones fronterizas que España tendrá que habilitar o ampliar. Si los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ya operaban al límite de su capacidad, la situación se tensará todavía más ahora, y la obligación de retener sistemáticamente a quienes llegan, implicaciones y lecturas político-humanitarias aparte, exige una inversión en infraestructuras adicional que dependerá del Ministerio del Interior. A este cribado le sigue, de forma automática para ciertos casos, el procedimiento fronterizo exprés de asilo. Si el solicitante proviene de un país con una tasa de concesión de protección internacional inferior al 20%, su caso debe resolverse en un máximo de 12 semanas. Mientras dura ese proceso, la persona permanecerá confinada en zonas de tránsito o...