CORDÓPOLIS

Jesús León admite que denunció a Carlos González "como mecanismo de defensa" y sin ver delito

El expresidente ha declarado como testigo y ha asegurado que acudió a la justicia por la "presión" a la que estaba sometido tras comprar el club Rosa Agredano, contable de la entidad, ha desmentido el agujero económico relatado por León, asegurando que el club estaba saneado tras la salida de González La Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este lunes la segunda sesión del juicio contra Carlos González, la primera dedicada a las declaraciones de los testigos después de que la jornada inicial, el pasado viernes, se centrara en las cuestiones previas. La vista oral, que se ha prolongado durante más de tres horas centrándose en el apartado financiero, ha arrancado con una renuncia llamativa por parte de la defensa principal, que ha descartado el testimonio del exalcalde de la ciudad, José Antonio Nieto. Tras este trámite, ha comparecido Jesús León cuya denuncia, presentada en septiembre de 2019 dio origen al proceso, que ha sostenido que no cree que hubiera delito en la gestión de su antecesor y que presentó aquella denuncia como una medida de defensa. González, propietario y máximo accionista del club entre 2011 y 2018, está acusado junto a otras cinco personas de presuntos delitos de administración desleal, falsedad documental, apropiación indebida y corrupción en los negocios, unos cargos por los que la Fiscalía reclama para él cerca de nueve años de prisión. No estuvo presente en la sala, al acogerse a la dispensa que el tribunal concedió en la primera sesión a los acusados. La causa, repartida en nueve jornadas, busca esclarecer si realizó operaciones irregulares que dañaron el patrimonio del club en sus años de mayor bonanza, tras el ascenso a Primera División en 2014. Aquella denuncia de León llegó a archivarse en 2023, pero la Audiencia reabrió el caso tras un recurso de la Fiscalía. La denuncia de León, un “mecanismo puramente de defensa” A preguntas del Ministerio Fiscal sobre en qué basó el perjuicio económico que hizo constar en su denuncia, León ha respondido que, pese a lo que él mismo consignó entonces, “sigo pensando para mí que no hay delito”. Según su relato, la querella se gestó como un “mecanismo puramente de defensa” al verse sometido a una fuerte presión: González y Luis Oliver le habían denunciado antes por hechos parecidos y él respondió presentando la suya, apoyada en una auditoría de BDO de 2015. “Si para mí se iba a considerar delito, entendía que para Carlos también, pero pensando que no era delito”, ha argumentado. Esta reiterada insistencia a la hora de reivindicar que “no era delito” ha provocado que el presidente del tribunal, José García Morillo-Velarde Pérez, le llamara al orden y le reprendiera de forma severa para recordarle que su papel en la sala era el de testigo. La llegada de Jesús León al juicio de Carlos González en la Ciudad de la Justicia Durante su comparecencia, el montoreño ha descrito una situación económica delicada a su llegada a los despachos de El Arcángel en enero de 2018. Frente a los beneficios que defiende la gestión anterior, ha asegurado que encontró un “déficit de 4,1 millones de euros”, de los cuales tres “no estaban activados en las cuentas” y correspondían, según dijo, a pagos a acreedores y procedimientos judiciales. Además, ha relatado que tuvo que abonar “200 y poco mil euros” a González para liquidar el contrato de prestación de servicios que este mantenía con el club, que asegura que le “obligó a pagarlo para no iniciar el procedimiento de reclamación”. Agredano contradice a León La versión sobre las cuentas que ha ofrecido Jesús León ha contrastado de forma directa con el testimonio de la siguiente testigo, Rosa Agredano. La responsable del departamento de contabilidad del Córdoba CF, cargo que ha ocupado durante la etapa de González y también antes y después de ella, ha negado que existiera ese déficit. “El club estaba saneado completamente”, ha defendido, y ha recordado que en el momento de la venta había “un pagaré de un millón de euros en las cuentas”, que atribuyó a la venta de un jugador y situó en el traspaso de Florin Andone. Agredano ha admitido que siempre hay “deuda corriente”, pero ha subrayado que la entidad estaba al día con Hacienda, nóminas y proveedores. Más allá del cruce de cifras, su testimonio ha servido para describir el modo de operar de González, a quien ha presentado como un dirigente personalista que concentraba la presidencia y la dirección financiera. “Las decisiones importantes, todas Carlos”, ha resumido, atribuyéndole tanto el préstamo de 910.000 euros que el club concedió a una de sus empresas como el reparto de dividendos, dos de las operaciones que sostienen la acusación. La llegada de Jesús León al juicio de Carlos González en la Ciudad de la Justicia La contable, que ha reconocido que los gastos de las tarjetas de presidencia no siempre venían justificados, ha insistido en su papel meramente técnico. “Somos meros brazos ejecutores”, ha dicho, antes de resumir su relación con los pagos: “Recibo las instrucciones, se contabiliza, lo pagan y ya está”. Aun así, ha confirmado el pago durante meses de facturas que, según dijo, no llevaban nombre y que atribuyó a la vigilancia de un chalet de González en la urbanización madrileña de La Moraleja, catalogadas primero como “mantenimiento” y después a través de la empresa Unicontrol. La conexión con la empresa de Madrid La jornada se ha completado con el repaso al vínculo del club con Ecco Documática -después rebautizada como Azaveco-, la empresa de González en Madrid, que cesó su actividad en 2014 tras perder a clientes clave. Sus dos últimos testigos, Inmaculada Barcelona y Blas López de la Reina, han declarado por videoconferencia al residir fuera de Córdoba y han confirmado que en los primeros años de mandato un grupo de empleados de esa empresa realizaba desde la capital tareas administrativas, laborales y financieras para el Córdoba CF. Ese vínculo es uno de los puntos que examina la Fiscalía, que investiga si el club asumió de forma irregular el coste de los despidos de la empresa madrileña. Al menos dos de esos trabajadores fueron subrogados por el club en septiembre de 2013 y despedidos apenas unos meses después, en mayo de 2014, una operación que la acusación cifra en un perjuicio de unos 50.000 euros. “Estuvieron trabajando seis meses y cobraron como si estuviesen trabajando diez años”, ha resumido Agredano a preguntas del presidente del tribunal. El juicio continuará este martes con nuevas testificales.

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