Canarias Ahora

La jueza avala que Albiol dejara en la calle a los migrantes que desalojó y cree que les prestó "la atención debida"

La magistrada archiva el procedimiento sobre el desahucio del B-9 y desoye las quejas de las abogadas de los migrantes y la Fiscalía por la falta de asistencia municipal Badalona admite a la jueza que carece de protocolos para personas sin hogar tras dejar en la calle a decenas de migrantes Carpetazo y archivo. La jueza que autorizó el mayor desalojo de la historia de España ha avalado que el Ayuntamiento de Badalona , que encabeza Xavier García Albiol (PP), dejara en la calle a decenas de migrantes, al valorar que el consistorio sí les prestó “la atención debida”. Así lo afirma la magistrada Meritxell Quella en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que da por finalizado el procedimiento en el que autorizó la petición del consistorio badalonés para desalojar, antes de Navidades, a los centenares de migrantes que ocupaban y malvivían en el instituto municipal abandonado B-9. La magistrada sigue la línea que ya había mostrado en anteriores resoluciones. La jueza ha respaldado la polémica actuación del consistorio pese a que el desalojo del B-9 provocó un problema social de gran magnitud . La Generalitat y las entidades sociales tuvieron que buscar alojamientos de emergencia para los migrantes ante la inacción del Ayuntamiento de Badalona, lo que no evitó que varias personas tuvieran que dormir durante días debajo de un puente en pleno temporal de viento y lluvias. Cuando decidió avalar el desahucio, la jueza, en contra de lo reclamado por la Fiscalía y las abogadas de los migrantes, rechazó obligar al Ayuntamiento de Badalona a proporcionar un techo alternativo a los desalojados. La magistrada se limitó a indicar, sin más precisiones, que el consistorio debía prestar “atención social” a los casi 400 migrantes. Pasados seis meses, la jueza respalda la actuación del Ayuntamiento de Badalona en el desalojo, al dar por buenos los informes municipales que sostienen que los servicios sociales “aplicaron una serie de intervenciones y medidas dirigidas a prestar asistencia a las personas que quedaron desprovistas de solución habitacional”. La jueza ha hecho caso omiso a las peticiones del Ministerio Público y de las letradas Marta Llonch y Mireia Salazar para indagar en las vulneraciones de derechos fundamentales de los desalojados producidas por la, a su juicio, insuficiente atención municipal. En marzo, tal y como adelantó este diario , la jueza ya salvó a Albiol de explicar por qué no abrió para los migrantes desalojados el albergue municipal para personas sin hogar clausurado en 2024. Tras pedir al consistorio varios documentos y con los migrantes ya en la calle, el Ayuntamiento de Badalona admitió a la jueza que carece de protocolos para personas sin hogar . El consistorio alegó que la ley no le obliga, y agregó que sí disponía de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar (que ocupaba medio folio). Los informes municipales que relataban la actuación de servicios sociales durante el desalojo mostraba, a criterio de la Fiscalía , que el Ayuntamiento de Albiol incumplió sus obligaciones legales con los desalojados al no prestar “ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva”. Por el contrario, en su resolución final sobre el caso, la jueza concluye que el consistorio “se atuvo al mandato literal” para desalojar el B-9, por lo que, concluye, Badalona “ha dado cumplimiento” a su mandato. La magistrada sí considera “incontestable” que la asistencia a los migrantes por parte del Ayuntamiento de Badalona “pudo ser acometida de otra forma o con otras directrices”, pero lo ve irrelevante para su causa, que limita al desalojo del B-9. “El juicio de oportunidad del dispositivo para atender una desocupación masiva debe permanecer fuera del procedimiento”, zanja la magistrada. La falta de un protocolo de atención a personas sin hogar, insiste la jueza, “no supuso ningún obstáculo para ofrecer las medidas asistenciales necesarias a las personas que aceptaron los recursos”. Todas las actuaciones del consistorio hacia los migrantes se basaron “en la voluntariedad” de los desalojados, ahonda la magistrada. Al margen del caso de lo contencioso-administrativo ahora cerrado, la Fiscalía abrió en diciembre una investigación tras una denuncia penal contra Albiol a cargo del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens.

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