El Colombiano
Hace tan solo una semana se conoció a través de un video que se estaría buscando generar “terror” para votar por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Pero ahora, en medio de la coyuntura política convulsa y antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, se conoció que Darwin Galvis Mateus, militante de este movimiento y reconocido simpatizante de la campaña presidencial de este candidato, cuenta con varios millonarios contratos con el Estado. Solo durante este año (2026) tiene a su nombre siete contratos. Entre todos suman más de $400 millones. La polémica comenzó tras una denuncia divulgada en redes sociales, en la que se aseguró que Galvis ejecuta simultáneamente este número de contratos de prestación de servicios con diferentes entidades públicas. Todos aparecen consignados en el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO). Y es que activamente, por redes sociales, el excandidato a la alcaldía del Socorro, Santander, apoya a Cepeda en su campaña. De hecho, en sus redes sociales cuenta con varios videos en apoyo al candidato del petrismo y al continuismo de este Gobierno. Según pudo corroborar este diario, efectivamente Galvis cuenta con estos contratos. El que tiene mayor valor está suscrito con la Aerocivil y tiene como objeto: “Prestar servicios profesionales para gestionar los procesos de contratación en todas sus etapas y modalidades relacionadas con los proyectos de inversión asociados”. El contrato, por 119.142.199 pesos y una duración de 332 días (unos 11 meses), equivale a un pago mensual cercano a 10,8 millones de pesos. Además, en la página oficial de la Función Pública se estipula que tuvo un contrato con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) entre el 21 de abril de 2025 y el 31 de diciembre de 2025. La controversia ha reabierto el debate sobre la participación política de contratistas estatales y los límites que existen entre la actividad proselitista y la ejecución de recursos públicos. Si bien es cierto que la ley no prohíbe de manera general que un contratista tenga afinidades políticas o exprese públicamente sus preferencias electorales , los organismos de control han insistido en que los recursos y el tiempo contratados con el Estado no pueden destinarse a actividades de campaña. Sobre todo, porque lo llamativo del caso no es solamente esto, sino también la simultaneidad de varios contratos públicos con los que cuenta. Y, sobre todo, se generan cuestionamientos sobre cuántos más contratistas del Estado en este momento se encuentran activamente haciendo proselitismo político previo a las elecciones. Por ahora, no se conocen pronunciamientos de Galvis frente a la denuncia. Sin embargo, este caso se suma a una serie de denuncias cruzadas entre campañas y sectores políticos en la recta final de las elecciones presidenciales. La preocupación crece, sobre todo, en medio de un ambiente marcado por acusaciones sobre participación política (en su mayoría hacia el presidente Gustavo Petro), contratación pública y uso de recursos estatales durante la contienda electoral. Lea también: Por orden judicial, Abelardo no podrá decir más “firmes por la Patria” en su campaña
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