El Colombiano

WhatsApp X (Twitter) Facebook Telegram Link

Inédito Comisión de Acusación suspende a Gustavo Petro hasta el 21 de junio: ¿vía libre para hacer campaña?

Una representante de la Comisión de Acusación tomó una decisión que podría pasar a la historia, pero que también enfrenta serios cuestionamientos por una posible contradicción con la Constitución. La congresista ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro dentro de la investigación que se adelanta en su contra por una posible participación en política. Según el auto, la medida se extendería hasta el próximo 21 de junio. La determinación desató de inmediato un debate jurídico, pues varios expertos sostienen que la Comisión de Acusación no tiene facultades para suspender al jefe de Estado y que esa competencia recae exclusivamente en el Senado. Pero además, la decisión ya está siendo interpretada por algunos sectores como una especie de vía libre para que Petro continúe interviniendo en política durante los días previos a la segunda vuelta presidencial, precisamente el período que cubre la suspensión ordenada por la representante investigadora. En una decisión sin mayores antecedentes, la Comisión de Acusación de y que desde ya enfrenta serios cuestionamientos jurídicos por una posible contradicción con la Constitución, la Comisión de Acusación de la Cámara ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro dentro de una investigación por su presunta participación en política. Aunque el auto dispone apartarlo del cargo hasta el próximo 21 de junio, expertos sostienen que la facultad de suspender a un jefe de Estado corresponde al Senado y no a la Comisión de Acusación, por lo que la medida podría carecer de sustento constitucional. La decisión fue adoptada por la representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral mediante un auto fechado el 10 de junio de 2026. En el documento se ordena suspender provisionalmente a Petro del ejercicio de la Presidencia hasta las 4:00 de la tarde del 21 de junio, mientras avanza una investigación por una presunta falta gravísima relacionada con intervención en política. Según el expediente, la actuación fue iniciada de oficio y se basa en disposiciones del Código General Disciplinario que permiten la suspensión temporal de funcionarios investigados cuando se considera que podrían afectar el desarrollo del proceso. La representante investigadora argumentó que la medida busca evitar una posible interferencia en la investigación mientras continúan las actuaciones y la recolección de pruebas. Además, ordenó notificar la decisión al presidente Petro, comunicarla al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y ponerla en conocimiento del Ministerio Público. Sin embargo, la decisión ya desató un intenso debate jurídico. Varios expertos sostienen que la Comisión de Acusación no tiene competencia para suspender al Presidente de la República, pues su función constitucional se limita a investigar y, si encuentra méritos, presentar una acusación ante la plenaria de la Cámara de Representantes. De acuerdo con esta interpretación, una eventual suspensión solo podría ser adoptada por el Senado después de que la Cámara formule una acusación. Por ello, consideran que ni la Comisión de Acusación ni una representante investigadora actuando de manera individual tendrían facultades para apartar temporalmente del cargo al jefe de Estado. A ello se suma otro elemento que pone en duda la viabilidad de la medida. Juristas consultados señalan que se trata de un auto de trámite expedido por una sola congresista y que, por sí mismo, no produciría efectos inmediatos. Explican que la Comisión de Acusación es un órgano colegiado y no una autoridad unipersonal, por lo que una determinación de esta naturaleza tendría que ser estudiada y eventualmente respaldada por la comisión en pleno. En ese contexto, consideran poco probable que la suspensión llegue a materializarse en los términos planteados por la representante investigadora. Los cuestionamientos se centran además en que la Constitución establece un procedimiento especial para investigar y juzgar al Presidente de la República, distinto al que se aplica a otros servidores públicos. Por esa razón, expertos advierten que las normas disciplinarias citadas en el auto no podrían prevalecer sobre las competencias expresamente fijadas por la Carta Política. El documento señala igualmente que contra la decisión no procede recurso alguno, al tratarse de una actuación de trámite dentro de la investigación. La controversia ahora se concentra en determinar si la medida tiene algún efecto jurídico real o si terminará siendo desestimada por falta de competencia de la autoridad que la emitió. Mientras tanto, la investigación contra el mandatario por presunta participación en política continúa en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Google Play App Store