La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales

El gobierno local de Gondomar ha dado cuenta esta semana de la orden de derribo que pesa sobre siete viviendas unifamiliares de un proceso iniciado hace diez años. Pero el Concello ha querido dejar claro que esta actuación no es municipal, sino que procede de la Xunta, de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). El pasado año, este órgano de vigilancia dictó 121 órdenes de derribo de obras ilegales, de las que la mitad (60) correspondió a la provincia de Pontevedra. Pero es que en los últimos tres años, nada menos que el 60% de todas las demoliciones ejecutadas se realizaron en esta provincia.

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