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Un ombusman. Eso dice la literatura jurídica que es un defensor del pueblo: una magistratura de autoridad moral. Para Ángel Luna, a punto de los 74 años y de cumplir su mandato en la Sindicatura de Greuges, eso ya no sirve hoy, cuando la autoridad «va por barrios». La razón está ahora, afirma, en ser útil y eso pasa por «la defensa del derecho a una buena administración», que significa asimilar que el problema no es nunca el expediente administrativo, sino el ciudadano que está detrás. Ese le gustaría que fuera su legado. Esta semana ha presentado el informe de 2025 en Corts. No sin polémica.
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