COPE
Más de 85.000 personas se encuentran actualmente en lista de espera para poder examinarse del carné de conducir en Cataluña. Una cifra que no es nueva y que se arrastra desde hace años, pero que lejos de mejorar, sigue empeorando. El motivo, según denuncia el sector, es la persistente falta de examinadores de tráfico, una situación que no solo ahoga a los alumnos, sino que también asfixia económicamente a las propias autoescuelas. Así lo ha expuesto Raül Viladrich, presidente de la Federación de Autoescuelas de Cataluña (FAC), quien recientemente compareció en el Congreso para reclamar soluciones urgentes. El problema comenzó a gestarse en 2013, cuando las plazas de examinador que quedaban vacantes dejaron de cubrirse. La situación se agravó notablemente tras dos huelgas del colectivo en 2015 y 2017, que tuvieron como consecuencia una reducción en el número de pruebas diarias que realiza cada examinador. 'Legítimamente, los examinadores redujeron la ratio de exámenes de trece a doce por día. Si a eso le sumas que cada vez hay menos examinadores, el resultado es que la bolsa de alumnos no ha parado de crecer hasta llegar a los 85.645 aspirantes que tenemos hoy en Cataluña', explica Viladrich. La escasez de personal es tan crítica que llega a paralizar la actividad por completo en algunas jefaturas. El presidente de la FAC pone un ejemplo reciente y desolador: 'En Lleida, de una plantilla teórica de nueve examinadores, la semana pasada solo dos estaban operativos. Con un 40% de la plantilla, tienes un problema mayúsculo, pero cuando te quedas con solo dos, ya no sabes qué explicación dar al alumnado y las autoescuelas están desesperadas'. La raíz del conflicto se encuentra en la naturaleza de las plazas. Se trata de oposiciones de la Administración General del Estado, un tipo de convocatoria que, según Viladrich, no goza de gran popularidad en la comunidad. 'En Cataluña no hay cultura de opositar para el Estado, la gente prefiere las de la Generalitat', señala. Esto provoca que la mayoría de los aprobados provengan de otras comunidades autónomas, lo que genera un problema de arraigo. Viladrich describe un ciclo que se repite constantemente: aspirantes de otras partes de España obtienen la plaza, son destinados a Cataluña y, en cuanto tienen la oportunidad, piden el traslado a sus lugares de origen. 'O vienen y ocupan la plaza, o en el primer concurso de traslados que pueden, se marchan a su territorio. Mientras no tengamos una solución que pase por estabilizar las plantillas con gente del territorio, el problema no se resolverá nunca', lamenta. El desinterés por estas plazas es evidente. El Gobierno ha creado nuevos puestos, pero no se cubren. 'Estábamos ilusionados porque se habían presupuestado 44 nuevos examinadores para Cataluña, lo que habría sido una gran ayuda. Sin embargo, solo han llegado 15, y los otros 29 todavía no se han incorporado', detalla Viladrich. Desde el sector instan a la DGT a cambiar el enfoque: 'Ya no les damos las gracias por crear las plazas, les pedimos que hagan lo necesario para que estas se cubran de verdad, para que la oferta sea atractiva'. Las consecuencias de este embudo las pagan tanto alumnos como empresas. Para un aspirante, la espera media para examinarse una vez finalizadas las prácticas es de tres a cuatro meses. Esto no solo supone un perjuicio en tiempo, sino también económico, ya que muchos se ven obligados a realizar más clases prácticas para no perder la soltura antes del examen. 'Cualquier proceso de enseñanza se planifica en base a un examen final. Si no sabemos cuándo será ese examen, la formación deja de ser eficiente', argumenta el presidente de la FAC. Además, esta demora está provocando que muchos jóvenes pierdan oportunidades laborales que exigen el permiso de conducir. Para las autoescuelas, el panorama es desolador. Según los datos de la federación, el goteo de cierres es constante. 'Desde el año 2022 hasta hoy, un 11% de las autoescuelas catalanas han cerrado, lo que se traduce en 79 negocios que han bajado la persiana no por falta de alumnos, sino por la falta de respuesta de la administración', denuncia Viladrich. Paradójicamente, Viladrich saca pecho por la calidad de la formación en la región, asegurando que la media de aprobados en Cataluña es superior a la española. Atribuye este 'mérito' al buen trabajo de los profesionales, que consiguen mejores resultados incluso en una situación anómala. Sin embargo, la situación es insostenible: con una bolsa de espera que equivale a toda la producción de carnés de un año en una provincia como Barcelona, el colapso es total y exige una solución definitiva.
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