El Plural
Más de 15.000 hectómetros cúbicos de agua trasvasada en casi medio siglo, envíos recientes que superan los 180 hm3 y previsiones que podrían superar los 500 hm3 en los próximos meses. Son los datos que evidencian, según el Gobierno de Castilla-La Mancha, la gravedad de la gestión del trasvase Tajo-Segura. Por ello, la Junta ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tanto por no haber actualizado en plazo las reglas de explotación del trasvase como para exigir el cumplimiento de las sentencias que fijan los caudales ecológicos del río. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado formalmente al gabinete jurídico de la Junta la presentación de la demanda, este martes, tras analizar el incumplimiento del plazo legal por parte del Estado y la falta de avances en la adaptación de las reglas de explotación a la situación ambiental actual. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado que la medida responde a una situación "insostenible desde el punto de vista ambiental y jurídico, en la que se prioriza el trasvase de agua incluso en periodos de sequía, mientras que el río Tajo sigue sin contar con un caudal ecológico efectivo". El origen del conflicto se remonta al plazo fijado por el propio Estado en la disposición final segunda del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos y se establece la obligación de actualizar la normativa reguladora del trasvase Tajo-Segura. En ella se fijaba un periodo de un año para modificar dichas reglas de explotación. Ese plazo expiró en febrero de 2024. Más de dos años después, denuncia el Ejecutivo autonómico, "no se ha producido ningún cambio". "Estamos ante un incumplimiento claro", ha señalado Gómez, subrayando que esta inacción ha obligado a la Junta de Castilla-La Mancha a acudir a los tribunales. La demanda se presentará ante el Tribunal Supremo y podría ir acompañada de medidas cautelares, dependiendo de la evolución del proceso y de la respuesta del Gobierno central en las próximas semanas. La consejera ha puesto el foco en el impacto ambiental del actual modelo de gestión del trasvase. Según ha explicado, el mantenimiento de las reglas vigentes permite derivaciones de agua incluso en situaciones excepcionales, lo que agrava el desequilibrio hídrico en la cabecera del Tajo. "Se ha seguido trasvasando agua sin adoptar medidas para adaptar la infraestructura al cambio climático". En este contexto, ha advertido de que la aparente recuperación del río en periodos húmedos recientes es "un espejismo" que no puede ocultar la situación estructural. El objetivo, ha insistido, debe ser "garantizar un caudal suficiente para mantener la vida y la vegetación de ribera, algo que hoy no ocurre". Daños ecológicos en espacios protegidos Especialmente preocupante es la situación de cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000: la ZEPA de la sierra de Altomira, Yesares-Valle del Tajo, Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo, Islas Malpica y Azután y las barrancas de...
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