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El rechazo en el Congreso de los Diputados al Real Decreto-ley 2/2026, conocido popularmente como escudo social, ha desencadenado consecuencias fiscales directas . La no convalidación de esta norma, que incluía medidas de protección social como la suspensión de desahucios, arrastra consigo la paralización de varias deducciones fiscales que los ciudadanos esperaban aplicar en su Declaración de la Renta de este año.
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