Cope Zaragoza
La actualidad económica y social se centra en el polémico decreto ley del Gobierno que permite a los inquilinos solicitar una prórroga del contrato de alquiler de hasta dos años con una subida máxima del 2%. En el programa 'Herrera en COPE', el economista y profesor Fernando Trías de Bes ha analizado junto a Sofía Buera las claves y consecuencias de esta medida, vigente pero pendiente de validación en el Congreso. Durante su intervención, Trías de Bes ha puesto el foco en el perfil mayoritario de los arrendadores en España, un dato que a menudo se pasa por alto en el debate público. "Siempre estamos con los grandes tenedores, pero hemos de pensar que el 90 por 100 de los pisos que hay en alquiler en España pertenecen a pequeño particular, y que para ellos también en muchos casos son sus rentas", ha afirmado el economista. La medida, que afecta a unos 600.000 contratos de alquiler que vencen hasta el 31 de diciembre de 2027, ha generado una enorme inseguridad jurídica. El decreto está en vigor durante 30 días, pero se prevé que no sea convalidado en el Congreso. Gabriel Domének, catedrático de derecho administrativo, ha advertido que esto "es una cuestión ciertamente compleja que va a traer mucha cola y, lamentablemente, muchos pleitos". Mientras tanto, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha enviado una carta a 13 fondos de inversión y ha animado a los inquilinos a solicitar la prórroga, a pesar del riesgo de que el trámite se convierta en papel mojado. Esta situación ha creado un "limbo legal" en el que los juristas no se ponen de acuerdo sobre si el derecho adquirido durante la vigencia del decreto se mantendría tras su derogación. Para Trías de Bes, el problema de fondo es la intervención del mercado. "Cuando intentas regular los precios en mercados libres, no funciona", ha sentenciado. El economista ha recordado el caso de Cataluña, donde el tope a los alquileres provocó una caída de la oferta de pisos a menos de la mitad, dificultando aún más el acceso a la vivienda para quienes buscan un nuevo contrato. Desde la asociación de consumidores ASUFIN, su presidenta, Patricia Suárez, defiende la medida como una solución de emergencia. Sostiene que no perjudica a los caseros, ya que se trata de inquilinos solventes. "Un casero no va a ganar más, pero no va a perder dinero", ha señalado, haciendo un llamamiento a solicitar la prórroga para que los inquilinos "no se empobrezcan más". El profesor Trías de Bes concluye que la excesiva regulación y los continuos cambios normativos desincentivan al mercado, provocando que los propietarios opten por vender o buscar formatos menos regulados. Esta situación, en última instancia, reduce la oferta disponible y agrava el problema que supuestamente se pretende solucionar.
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