La Jornada
El conflicto con la empresa estadunidense Vulcan Materials (antes Calica) y el gobierno mexicano se remonta a 2018, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró parcialmente la mina de piedra caliza, cuya explotación causó “daño irreparable” en la Riviera Maya de Quintana Roo.
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