La Jornada
El fallo favorable que obtuvo el Estado mexicano en la demanda internacional de las empresas Espíritu Santo Holdings, Libero Partners LP y L1bre Holding, LLC, relacionado con el retiro de la concesión para la instalación de taxímetros digitales y tabletas en vehículos de alquiler que se asignó en la administración de Miguel Ángel Mancera, dejó al descubierto un sistema de corrupción en el que funcionarios permitieron la presunta falsificación de documentos oficiales para beneficiarse de dicho proyecto, que fue otorgado a Lusad, subsidiaria de las demandantes.
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