La Jornada
La reforma constitucional denominada plan B, que reduce salarios de consejeros y magistrados comiciales para que ninguno gane más que el titular del Ejecutivo, “no debilita a las instituciones democráticas”, pero sí termina con “un régimen de privilegios y beneficios excesivos de la alta burocracia electoral”, concluyen las comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados.
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