El Plural
Después de meses sin cumplir el mandato del Ministerio de Sanidad de crear un registro de objetores al aborto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, ya ha comenzado los trámites este miércoles, después a su vez de que la justicia le obligase a proceder hace unas semanas atrás, avalando así la postura del Gobierno central. El Ejecutivo de la Puerta del Sol ha procedido este miércoles a realizar los primeros trámites expresamente por mandato judicial, según consta en la memoria del proyecto. Cabe recordar que el Ministerio capitaneado por Mónica García recurrió el 'no' del Gobierno de Ayuso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que le dio la razón el pasado mes de marzo, y teniendo en cuenta que esta comunidad fue la única en no acatar el mandato estatal con respecto a crear la lista de médicos objetores a la interrupción voluntaria del embarazo. La resolución del tribunal madrileño no implicaba la creación inmediata del registro, sino iniciar los trámites administrativos que encaucen a este fin. Y es que el registro es de obligatorio cumplimiento según la Ley orgánica estatal de 2023 y que se puso en marcha en diciembre de 2024 tras su articulación en el Consejo Interterritorial de Salud. A la contra de las críticas que vino vertiendo la propia Ayuso, que llegó a calificarlo como un "estigma" para estos profesionales, cabe remarcar que la lista de estos profesionales sanitarios es anónima. Al tiempo, el registro abrirá la puerta a que los hospitales públicos puedan organizar su capacidad en asistencia a las pacientes para que opten a su derecho a abortar y no ser derivadas a la sanidad privada, sabiendo que la gran mayoría de estas intervenciones en la Comunidad de Madrid proceden por esta vía. Cronología de la negativa de Ayuso al registro de objetores Tras la celebración del Consejo Interterritorial de diciembre de 2024, en el que se aprobó por unanimidad, incluida Madrid, la creación de este protocolo, mucho más adelante, en noviembre de 2025, la ministra de Sanidad anunció que el Gobierno iniciaría este contencioso y, dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta decisión señalando que el aborto es "un derecho esencial, convertido en negocio" para la Comunidad de Madrid; algo que el Ejecutivo no iba a "permitir". Cabe remarcar que un mes antes de estas palabras, el pasado 14 de octubre de 2025, Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid dando un plazo de un mes para su respuesta su registro. Ya entonces, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirmaba que el Gobierno regional defendería, "con la Constitución en la mano", la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central. Después de que el Ministerio ganase el pulso con el Ejecutivo de Sol en los tribunales el pasado mes de marzo, y el Gobierno de Ayuso se viera en la obligatoriedad de cumplir con el mandato estatal, avanzaron que...
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