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No todas las decisiones políticas pueden justificarse apelando a la seguridad, a la legalidad o a la tradición. Algunas, sencillamente, cruzan una línea que no debería cruzarse. La reciente aprobación por parte del parlamento israelí de la pena de muerte en la horca para palestinos acusados de terrorismo no es una medida más en el contexto de un conflicto prolongado. Es la formalización jurídica de una desigualdad, la institucionalización de un castigo selectivo y el síntoma de una deriva que ya no puede ocultarse tras el lenguaje de la defensa o la supervivencia.
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