Ultima Hora Mallorca
La justicia no siempre se detiene con estruendo. A veces, simplemente deja de avanzar. Eso es lo que está ocurriendo en Palma con los procedimientos de desahucio: una parálisis de facto que no responde a una decisión política explícita, ni a una moratoria social deliberada, sino a un atasco administrativo que amenaza con erosionar la credibilidad del sistema judicial. La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de la Justicia, concebida para modernizar y agilizar el funcionamiento de los tribunales, ha tenido en sus primeros meses un efecto paradójico. La sustitución de los juzgados tradicionales por un modelo de tribunal de instancia y servicios comunes ha concentrado funciones clave en estructuras que, al menos en Palma, nacen claramente infradotadas. Cinco funcionarios para tramitar todos los procedimientos de desahucio no son una solución organizativa: son un cuello de botella anunciado. Las consecuencias son tan evidentes como preocupantes. Demandas presentadas hace más de medio año siguen sin siquiera ser incoadas. Los procedimientos no avanzan, los jueces no llegan a intervenir y las resoluciones no se dictan.
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