Faro de Vigo
La aprobación y entrada en vigor de la Lei 4/2023 de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia no ha significado enterrar el hacha de guerra entre la Xunta y el Estado en este asunto. La intención del Gobierno central de modificar el Reglamento de Costas para limitar la vigencia temporal de las concesiones supone una amenaza para la viabilidad y seguridad jurídica de muchas de las empresas del sector mar-industria, que por razones de producción y operativas están situadas al lado del mar. La titular de la Consellería do Mar, Marta Villaverde, estuvo este miércoles en las instalaciones de Pescados Marcelino, en el puerto de Aldán, donde criticó la intención del Estado de «expulsar calquera actividade económica da nosa costa» y pidió excluir a estas empresas de la ley de servicios, lo que serviría para asegurar su futuro y continuidad.
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