El Plural
Cuando todas las miradas en el plano internacional asisten a las decisiones que emanan de la Casa Blanca con respecto a la escalada bélica que sacude Oriente Próximo tras la oleada de ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero, la Justicia del país parece actuar como contrapeso a las aspiraciones de Donald Trump. Unos movimientos que no solo actúan para frenar sus decisiones de hoy, sino que en los últimos meses han actuado como obstáculo ante muchas de las amenazas y planteamientos surgidos de la boca y la cabeza del magnate estadounidense. En mitad del conflicto bélico en Irán, este martes un juez federal arrebataba de las manos de Trump su idea de construir un salón de baile en el ala este de la Casa Blanca, unas obras cifradas en 400 millones de dólares, y que supone ocupar un espacio de 8.000 metros cuadrados. El magistrado Richard Leon concluía que el presidente estadounidense no posee la autoridad necesaria para financiar la instalación de este espacio ni tampoco para llevarla a cabo. En el fallo, el juez subraya que, pese a que Trump es "el custodio de la Casa Blanca", no es el propietario, por lo que "ninguna ley se acerca a otorgarle al presidente la autoridad que dice tener". De hecho, el magistrado insta a Trump a que le mencione al menos una ley que le autorice a demoler la zona del ala este de la Casa Blanca. Sin embargo, el más reciente varapalo de la Justicia a Trump llega cuando el presidente estadounidense ya había comenzado las obras para su proyecto. Fue el pasado mes de octubre cuando el magnate derribó parte de esta zona, donde hasta entonces se ubicaba la oficina de la primera dama y un cine. Al conocerse todo ello, se generó una cascada de críticas especialmente por parte de la oposición y por la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, quien tiene la potestad sobre la mayoría de las obras en los edificios gubernamentales y que no había autorizado el proyecto de Trump. A todo ello, se suman las exigencias del Fondo Nacional para la Preservación Histórico que había pedido frenar la demolición y que provocaron la reacción inmediata de Trump, quien se refirió a este Fondo como "un grupo de lunáticos de izquierda". Por su parte, los demócratas pusieron de relieve que la Casa Blanca es patrimonio de los estadounidenses y que, por tanto, su actual inquilino no puede cambiar sus estancias a su gusto y conveniencia. Con todo, este varapalo de la Justicia al presidente de Estados Unidos es tan solo uno de tantos durante el último año. Bajo el marco de las redadas contra la población migrante en el país desplegadas a principios de este año y las detenciones violentas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a principios de marzo una jueza federal en Washington bloqueaba por tercera vez el intento de Trump de exigir a los miembros de Congreso notificar con...
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