La Jornada
La reducción de pensiones de organismos descentralizados y demás entidades públicas señaladas en la reforma constitucional incumple con aspectos de legalidad, como la violación al principio de irretroactividad, entre otros, pero ante la improbable confrontación jurisdiccional del nuevo poder judicial contra los poderes ejecutivo y legislativo sólo queda verificar el aspecto político de esta reforma.
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