El Comercio
En plena campaña electoral, aportes provenientes de operadores vinculados al sector minero informal —con registros vigentes y suspendidos en el Reinfo— han ingresado al financiamiento de, al menos, cinco organizaciones políticas. Entre los aportantes identificados figuran autoridades, dirigentes y empresarios con derechos mineros activos en distintas regiones. La situación se da en vísperas de un nuevo Parlamento que deberá pronunciarse sobre la futura regulación de la actividad minera informal.
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