COPE
Siete familias de Almendralejo han ganado una larga batalla judicial de cuatro años contra el Ayuntamiento. La justicia ha anulado la resolución municipal que les obligaba a pagar de nuevo por la urbanización de su calle, unas obras que ya habían costeado hace más de veinte años. El conflicto se inició el 7 de enero de 2022, cuando el consistorio aprobó un proyecto de nueva urbanización para la prolongación de la calle Navalmoral de la Mata. El presupuesto ascendía a 428.355,92 € y debía ser abonado por los 19 propietarios afectados, incluido el propio Ayuntamiento, dueño de más del 12% del suelo. Los vecinos alegaron que las cesiones obligatorias ya se habían entregado en 1998 y que el Ayuntamiento había recepcionado las obras en 2001, permitiendo la construcción de sus viviendas. Denunciaban que, durante dos décadas, el consistorio no había realizado ninguna labor de conservación, lo que había dejado la calle "llena de baches, el acerado destrozado y apenas sin farolas de alumbrado". Pese a las quejas, la Junta de Gobierno local aprobó definitivamente la actuación en septiembre de 2022. Siete propietarios decidieron entonces acudir a la vía contencioso-administrativa. En una primera sentencia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Mérida dio la razón al Ayuntamiento en mayo de 2025. Lejos de rendirse, los vecinos recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El 17 de octubre de 2025, el alto tribunal extremeño revocó la sentencia inicial y anuló la resolución municipal, estimando las peticiones de los propietarios y cancelando las cuotas de urbanización que ya estaban abonando desde 2024. El Ayuntamiento intentó un último recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero este fue inadmitido a trámite el 12 de marzo de 2026, poniendo fin al proceso y dando la victoria definitiva a las familias. La resolución judicial obliga ahora al Ayuntamiento de Almendralejo a devolver a los siete propietarios las cuotas de urbanización ya cobradas, junto a sus correspondientes intereses. Además, deberá afrontar las costas judiciales de la primera instancia y del Tribunal Supremo. La factura total para el consistorio se estima en unos 85.000 euros adicionales, un gasto que afectará tanto al Ayuntamiento como al resto de propietarios que no recurrieron. Para las siete familias, la sentencia supone el fin de cuatro años de incertidumbre y la satisfacción de que su calle será reparada sin tener que volver a pagar por ello.
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