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El Gobierno de España ha aprobado un real decreto que abre la puerta a prorrogar los contratos de alquiler dos años más, una medida con la que se pretende poner freno a la especulación inmobiliaria. Sin embargo, la complejidad de la norma y sus requisitos específicos han generado dudas entre los inquilinos. Por este motivo, la Plataforma de Vivienda de Huesca y el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) han puesto en marcha un servicio de asesoramiento gratuito para guiar a los ciudadanos en el proceso. José Andrés Arbués, miembro de la ejecutiva de CCOO en Huesca, señala que las leyes y decretos "no están escritos en un lenguaje muy accesible para el común de las personas", lo que justifica la necesidad de este apoyo directo para que los derechos reconocidos en el papel se puedan ejercer de forma efectiva. El Real Decreto 8/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de marzo, busca dar estabilidad a los arrendatarios y contener las subidas descontroladas de precios en el mercado del alquiler. Con todo, su aplicación no es general ni automática. La medida está dirigida a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que ya estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de la norma. Además, es condición indispensable que el periodo de prórroga obligatoria o tácita de dichos contratos finalice antes del 31 de diciembre de 2027. Arbués matiza que no todos los alquileres pueden acogerse a esta posibilidad. "Hay que mirar cada casuística", advierte. Por ejemplo, precisa que "los contratos de corta duración no entran, tienen que ser contratos de de larga duración". Esto implica que los inquilinos con renovaciones anuales o con contratos de mayor duración que estén próximos a su vencimiento podrían beneficiarse, pero cada situación particular debe ser analizada de manera individual para confirmar si se cumplen todos los requisitos que exige la ley para poder solicitar la prórroga. Esta iniciativa se enmarca en un contexto más amplio de movilización social por el derecho a una vivienda digna. Desde las organizaciones impulsoras del asesoramiento se subraya que este decreto es un paso importante, pero no el final del camino. "La lucha por la vivienda digna no acaba aquí, esto es solo el principio. No nos están haciendo ningún favor, es un derecho, y los derechos no se piden, se conquistan y se defienden", reivindican, poniendo de manifiesto la importancia de la acción ciudadana para la consecución de estos avances legislativos. La principal ventaja para los inquilinos que soliciten y obtengan la prórroga es la congelación de la renta que pagan actualmente durante dos años adicionales. José Andrés Arbués lo explica de forma clara y directa: "lo que va a suponer es que si el año que viene tocaba negociar con con el casero o la casera un nuevo alquiler, lo que va a suponer es que no te pueden subir el el precio que estás pagando actualmente". De esta manera, se impide que el propietario pueda renegociar el contrato imponiendo una subida sustancial del precio, una práctica cada vez más habitual. Para ilustrar su impacto práctico, Arbués ofrece un ejemplo concreto y muy visual: "imaginemos que estás pagando ahora 600 euros y te lo quieren subir a 800 euros, eso no eso no podría ser, tendrían que mantenerte esos 600 euros de de contrato". En caso de que el inquilino no realice la solicitud de prórroga en tiempo y forma, perderá esta protección legal. "Tendrá que negociar el contrato como si fuera de 0", añade Arbués, lo que en la práctica significa enfrentarse a una nueva negociación con el arrendador sin el respaldo de la ley para mantener el precio actual. Es fundamental diferenciar esta congelación de la renta base de la actualización anual en función del Índice de Precios de Consumo (IPC). Arbués aclara que el IPC queda al margen de esta medida. "El IPC sí, el IPC está exento", indica. Si en el contrato de alquiler figura una cláusula que permite al propietario actualizar la renta anualmente según la variación del IPC, este podrá seguir aplicándola. Lo que el decreto impide es una renegociación al alza del alquiler base, no las actualizaciones ya pactadas en el contrato original. El procedimiento para acogerse al decreto exige una acción proactiva por parte del inquilino. Es imprescindible comunicar formalmente al propietario la voluntad de prorrogar el contrato, y para ello el método recomendado es el envío de un burofax, ya que deja constancia fehaciente de la comunicación. Este paso es crucial y debe realizarse antes de que el real decreto sea sometido a votación para su convalidación definitiva en el Congreso de los Diputados, un trámite parlamentario previsto para mediados de abril. El ajustado plazo hace que el servicio de asesoramiento sea especialmente pertinente. Un aspecto clave que resalta el representante de CCOO es la seguridad jurídica que otorga realizar la solicitud a tiempo. Una petición de prórroga presentada mientras el decreto esté en vigor "es totalmente válida, aunque luego el decreto decaiga en el congreso". Esto significa que, aunque la norma finalmente no fuera ratificada por el poder legislativo, los inquilinos que hayan completado el trámite correctamente tendrán garantizada su prórroga de dos años, un detalle de gran importancia que blinda sus derechos. Ante la complejidad del proceso y la urgencia de los plazos, CCOO y la Plataforma de Vivienda de Huesca han habilitado un punto de atención presencial y gratuito. El servicio está disponible desde hoy, en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, en la sede del sindicato, ubicada en la calle del Parque, número 20, en Huesca capital. No es necesario solicitar cita previa para ser atendido. "Se pueden pasar de 9 a 2, en cualquier momento les atenderá una una compañera que se va a encargar exclusivamente de de este asunto", detalla Arbués, quien también estará apoyando la iniciativa. Añade que, para los momentos de mayor afluencia, se facilitará una solución: "pondremos un un número de teléfono a disposición, pues ya para quedar en otro en otro instante". Esta colaboración nace con el objetivo de que ningún inquilino de Huesca pierda la oportunidad de asegurar su vivienda por falta de información o de recursos para navegar la burocracia.
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