Cope Zaragoza
En Burgos, la situación de las trabajadoras del hogar se ha precarizado en la última década, con más de mil afiliaciones menos a la Seguridad Social. Según los datos, se ha pasado de 3.065 inscritas en 2016 a apenas 2.051 en la actualidad. La mayoría de ellas son mujeres migrantes que, ante la falta de un contrato, dependen de la voluntad de sus empleadores. Es el caso de Stefany Ortega, empleada del hogar que llegó a Burgos desde Barranquilla (Colombia) hace seis meses. Mientras sueña con replicar el negocio que tenía en su país, trabaja por horas sin garantías legales. Para ella, lo más difícil es precisamente esa desprotección: "La parte más difícil es no tener un contrato como tal, estamos como en la inestabilidad laboral". Esta falta de un marco legal provoca, según ha explicado Stefany, que los empleadores "sigan haciendo lo que quieren", ya que no hay "ninguna ley que les diga: 'hombre, tiene que cumplir con esto'". Esta situación deriva en cambios de horario sin aviso o impagos, dejándolas en una situación de vulnerabilidad diaria. La gran esperanza para miles de trabajadoras es la regularización. Stefany ha señalado que tener la "documentación en regla nos ayudaría muchísimo" a la hora de firmar un contrato formal. Esto les permitiría cotizar para la pensión, acceder a la sanidad y, en definitiva, garantizar sus derechos laborales, una seguridad que se extiende a sus familias. "No solamente a nosotras, sino a toda nuestra familia, que depende de nuestro empleo". Para visibilizar esta realidad, el pasado 26 de marzo Stefany y otras compañeras se concentraron en la Plaza Mayor de Burgos, en un acto organizado por Cáritas. El objetivo era reclamar que su labor es un trabajo, no un favor, y exigir un trato justo. "Queremos que se nos valoren, que se nos respeten nuestros derechos y que recibamos un pago de acuerdo a lo que estamos haciendo", ha reivindicado Ortega. Muchas de estas oportunidades laborales surgen del "boca a boca" o a través de organizaciones como Cáritas, que ejerce de intermediaria. Sin embargo, una vez que empiezan a trabajar en un domicilio, el trato depende exclusivamente del empleador, y no siempre es el adecuado. Stefany Ortega ha recordado haber vivido situaciones de abuso y cambios unilaterales en las condiciones pactadas. "Tuve incluso llegué a tener hasta humillaciones", ha confesado. En una ocasión, tras dos meses de trabajo, un empleador le redujo el pago por hora de forma arbitraria, lo que la obligó a dejar el empleo. Esta experiencia, según ha relatado, le provocó "una depresión muy muy grande". La de Stefany es la realidad de muchas trabajadoras del hogar en Burgos: mujeres que cuidan de la sociedad pero que viven en una desprotección constante. "No queremos que esto siga pasando", ha sentenciado.
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