COPE
El campo asturiano denunciado este lunes la existencia de una "maniobra política represora" que atribuyen a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Un grupo de ganaderos se ha concentrado frente a la Delegación del Gobierno en Oviedo para exigir su dimisión por las sanciones impuestas tras las protestas de finales de enero contra el acuerdo entre la UE y Mercosur. El portavoz de Asturias Ganadera, Xuan Valladares, ha calificado la actuación como "una maniobra digna de la dictadura franquista". Según ha señalado en COPE Asturias, las identificaciones de ganaderos fueron ordenadas "de forma expresa" por la Delegación, que habría instado a las fuerzas de seguridad a identificar "al mayor número posible de participantes". Valladares ha relatado que un agente les confirmó la directriz: "Había una orden directa de delegación de gobierno para coger cuantas más identificaciones, mejor". Los ganaderos sostienen que la actuación policial fue más allá de los cortes de autopistas, llegando a acceder a establecimientos hosteleros una vez finalizadas las movilizaciones para solicitar la documentación a personas que se encontraban allí. "Hay cosas surrealistas", ha afirmado Valladares, denunciando que se ha multado a personas que ni siquiera participaron en la protesta. Las críticas se han extendido también al Gobierno asturiano, al que acusan de "hipocresía" por su silencio actual frente al apoyo mostrado en movilizaciones previas. El ganadero Javier García, de USAGA, ha exigido que las organizaciones agrarias no acudan al acto del 'Pacto por el Medio Rural' en Bruselas hasta que se retiren las multas, advirtiendo de un posible castigo electoral al PSOE en el campo. Desde el Partido Popular, el diputado Luis Venta ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "perseguir a los ganaderos" y a Lastra de "acosarlos para sancionarlos" con el "silencio cómplice" del presidente del Principado, Adrián Barbón. Venta ha asegurado que son "enemigos de los ganaderos asturianos". Asturias Ganadera ha instado a los sindicatos convocantes de las protestas (URA, USAGA, COAG y ASAJA) a asumir los costes de la defensa jurídica de los afectados y el posible pago de las sanciones. Asimismo, han solicitado a los grupos parlamentarios de la Junta General, como Covadonga Tomé y Ovidio Zapico, que se posicionen públicamente contra lo que consideran una aplicación represiva de la Ley Mordaza.
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