ABC
La familia de «La Suiza», una pastelería de barrio que durante años endulzó a los vecinos de Gijón, cerró en 2017 después de sufrir el acoso y hostigamiento de la CNT por un supuesto conflicto laboral que la Justicia determinó que nunca había existido. El sindicato acusó a José Álvarez, el dueño del obrador, de «explotar» y «acosar sexualmente» a una trabajadora, aunque los tribunales dictaminaron la falsedad de ese relato sindical. Las dos instancias judiciales ordinarias y el Tribunal Supremo fallaron a favor del pastelero y condenaron a tres años y medio de prisión a las sindicalistas conocidas como 'las seis de La Suiza' —cinco mujeres y un hombre— por un delito continuado de coacciones graves y otro contra la Administración de Justicia. En las tres sentencias a las que ha tenido acceso ABC —la del Juzgado de lo Penal Número 1 de Gijón ratificada después por la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Supremo (TS)— no se acredita conducta ilícita alguna por parte de José y su mujer, Begoña Meana, también trabajadora de la pastelería. Al contrario, ratifican que esta familia fue víctima de una campaña de «presión» que incluyó «actos de hostigamiento» y una difusión masiva de acusaciones —«acosador», «psicópata» o «maltratador»— en las redes sociales y con las que empapelaron la ciudad sin respaldo judicial. Además de sufrir el perjuicio económico del cierre del negocio y secuelas psicológicas. A pesar de la rotundidad de la sentencia del Supremo, el Gobierno indultó hace una semana a las sindicalistas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llevó al Consejo de Ministros el relato sindical que la Justicia desmontó y reiteró que fueron condenadas «por defender a una compañera en un caso de acoso sexual y laboral». A las puertas de lo que era La Suiza, en el 180 de la Avenida Schultz de Gijón, José, su mujer Begoña y su hijo Pablo aseguran a ABC que van a recurrir la medida de gracia que el Gobierno concede a quienes les «destrozaron la vida y la justicia condenó». «La última palabra no la tiene el Gobierno, todas sus decisiones son siempre revisadas por el Tribunal Supremo, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha cometido una desviación de poder porque no se cumple ningún requisito para que se conceda el indulto», asegura Pablo Álvarez Meana, hijo de José y Begoña, que ha ejercido estos años de portavoz y les ayuda con la estrategia judicial. Pablo añade además que la vicepresidenta Díaz no debería seguir en el Gobierno después de acusar públicamente a un ciudadano, su padre, de un delito que el Supremo demostró que nunca cometió. Esta historia se remonta al 15 de junio de 2016 y no empieza por el amparo de CNT a una trabajadora ante un conflicto laboral, como dice el relato sindical, sino por un incidente violento protagonizado aquel día por la pareja de la trabajadora Olga Pérez, una de las seis condenadas e indultada ahora por el Ejecutivo. Según los hechos probados por el TS en su sentencia de 2024, el hombre llegó a la pastelería muy alterado para recoger a la empleada, que sufrió pérdidas estando embarazada, se dirigió a gritos al dueño y acabó reventando de un puñetazo un armario congelador. A raíz de este incidente, José presentó una denuncia contra la pareja de la trabajadora por delitos de daños y amenazas y la acusación particular reclamó contra él una pena de un año y tres meses de prisión. Ese mismo día, Olga inició una baja laboral por riesgo de aborto y no volvió a reincorporarse nunca más al puesto. En abril de 2017, la trabajadora se puso en contacto con el sindicato. Según señala el TS, en ese momento «no había presentado denuncia penal alguna por acoso ni por ningún delito contra la libertad sexual». El Alto Tribunal determina que la trabajadora acude al sindicato con «un doble objetivo»; por un lado, «obtener el mayor dinero posible de la extinción de su contrato laboral con la pastelería La Suiza», y por otro, presionar a la familia para que retire la acusación penal contra su pareja ante la cercanía del juicio contra él. Las sindicalistas intentan entonces forzar una negociación extrajudicial con José. Le amenazan con empezar movilizaciones delante de la pastelería y con difundir un vídeo en su contra si no aceptan el acuerdo económico en los términos que plantean y retiran la denuncia contra la pareja de la trabajadora. Los pasteleros no ceden y empieza el señalamiento público contra toda la familia. El 25 de abril de 2017, la CNT publica un vídeo en el que se presentaba a José como un «acosador sexual y laboral». Todavía no existía ninguna denuncia. Empiezan las protestas delante del local, un total de 15 registradas en pocos meses, hasta el cierre definitivo de la pastelería en septiembre de ese mismo año. Estos actos catalogados de «hostigamiento» por el Supremo incluyeron el lanzamiento de petardos, cortes de tráfico, bombas fétidas, carteles y hasta increpar e impedir la entrada a los clientes. «Día a día intentaban destruir mi trabajo y mi dignidad, la acusación de 'José acosador, paga y vete de Gijón', que continuamente repetían, me marcó para siempre —recuerda el pastelero en conversación con ABC—. Nunca olvidaré la sensación de abrir la pastelería y sentir que ya no era un lugar seguro». Begoña, que también fue insultada en las movilizaciones y en los carteles, recuerda con dolor aquellos días: «Se llevaron por delante 20 años de trabajo y sacrificio de nuestra familia». «El Gobierno justifica que es un indulto tras un conflicto laboral, pero es mentira, no existió ningún conflicto laboral, los hechos probados en la sentencia de la Audiencia lo acreditan», asegura Pablo, el hijo de José. En 2017, el juez Pino Paredes del Juzgado de Instrucción Número 3 de Gijón determinó la «inexistencia de indicios racionales» del supuesto acoso sexual de José a su empleada y apuntó a «móviles espurios» en la formulación de esta denuncia por parte de la trabajadora y el sindicato. La sentencia del Juzgado de lo Penal Número 1 de Gijón del año 2021 les imputó a las sindicalistas un delito de coacciones graves porque ese acoso constante no se podía amparar dentro de la actividad sindical y otro delito contra la Administración de Justicia por intentar forzar al pastelero a retirar una denuncia penal previa contra la pareja de la empleada en medio de un proceso judicial que no tenía que ver con un conflicto laboral. «No se les condenó por hacer sindicalismo», subraya la familia de La Suiza. Según ha podido comprobar ABC, la propia trabajadora admitió en su declaración durante el proceso judicial que la denuncia por acoso sexual la interpuso «cuando se lo dijo el sindicato» y que fue justo antes del acto de conciliación. La trabajadora acudió a la comisaria a denunciar el día 5 de junio de 2017. Y el acto de conciliación era al día siguiente. Luego, la segunda instancia y el TS determinan «la absoluta falta de certeza» del supuesto acoso laboral y sexual. Así lo dice la Audiencia Provincial de Asturias: «Además de lo ya dicho en relación a la inexistencia de conflicto laboral alguno, tampoco se habían ejercitado acciones penales de ningún tipo en relación a tales acusaciones, habiendo interpuesto Olga la denuncia por acoso sexual (que finalmente resultó archivada) con posterioridad al inicio de las movilizaciones y a su citación para un acto de conciliación previa a la interposición frente a ella de una querella por calumnias por parte de José Álvarez». El Tribunal Supremo también determina que el cierre de la pastelería fue «consecuencia directa de la presión, constante, reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones que se realizaron como respuesta a no haber accedido a las pretensiones económicas de los acusados y de no haber reiterado ni modificado la acusación contra el compañero sentimental de Olga Pérez». «Fue el día más duro de mi vida. No cerré solo un negocio, cerré toda una vida de trabajo y esfuerzo y que además se llevó por delante nuestra vivienda familiar», recuerda José, visiblemente emocionado. Según los hechos probados por el TS, José, su esposa y su hija Eva Álvarez, también trabajadora, fueron diagnosticados con un trastorno adaptativo mixto por el «clima insostenible de inquietud, intranquilidad e inseguridad» generado por las concentraciones y la campaña de difamación. El pastelero recuerda aquellos meses como los más duros de su vida: «Sientes impotencia. Que te están quitando tu nombre, tu reputación, tu vida, sin haber hecho nada. Es algo que te rompe por dentro». Delante de su antiguo negocio, en conversación con este diario, se acercan vecinos a darles muestras de cariño. «Me afectó profundamente —relata José—. Viví una presión constante con miedo, sin tranquilidad, no descansaba ni de día ni de noche. Esto no se queda en el momento, te va desgastando por dentro y te cambia». A Begoña le duele en el recuerdo cómo increpaban y frenaban «a aquellos clientes que querían apoyar y que valientemente se atrevían a entrar». Reconoce que lo pasaron fatal: «Me generaba nerviosismo y ansiedad cuando se manifestaban, angustia al escuchar las infamias, indefensión, y mucha rabia al tener que aguantar esta situación injusta sin motivo alguno». Y dice que sobre todo le «dolió mucho» que hubiera «tanta gente que se lo creyera».
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