ABC
Un año después de que ABC destapara el escándalo de las supuestas presiones a oncólogos de algunas aseguradoras privadas para que no receten fármacos caros de uso en la sanidad pública, no existe como tal la investigación que prometió el anterior presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, César Rodríguez , sino un acuerdo bilateral alcanzado entre ésta y la intermediaria Atrys Bienzobas . Esta empresa es contratada por algunas aseguradoras para que gestione los tratamientos prescritos por los oncólogos a cambio de controlar los costes, y fue señalada por varios doctores como la culpable de las presuntas malas prácticas. El papel de Atrys Bienzobas en la gestión puede ser de dos tipos: utilizar a técnicos para revisar y autorizar o no los tratamientos de los oncólogos, o directamente contratar a sus propios oncólogos . Esta intermediaria siempre ha negado cualquier tipo de malas prácticas, pero SEOM admite, con gran opacidad, que el pacto alcanzado con ella nace de que el proceso de revisión y autorización de las prescripciones era mejorable. El acuerdo no ha sido informado públicamente y consta de cuatro puntos que arrancan con que las valoraciones del personal de Atrys Bienzobas sobre los tratamientos de los oncólogos deberán estar firmadas por profesionales. Hasta que saltó el escándalo podían ser anónimas y que el médico no supiera quién ni con qué conocimientos médicos negaba una autorización o proponía cambios a la prescripción. El segundo punto es la habilitación de un número de teléfono para que los oncólogos «puedan contactar con los asesores (de Atrys) cuando precisen información adicional sobre alguna solicitud en curso». SEOM y la intermediaria también han acordado «el establecimiento de un protocolo específico para garantizar un diálogo ágil y eficaz, garantizando una respuesta en un tiempo no superior a 48 horas». Y, por último, el personal de Atrys tendrá que «indicar las fuentes, referencias bibliográficas y la inclusión de la documentación respecto a la evidencia científica de otros tratamientos respecto al propuesto por el oncólogo prescriptor». Fuentes de la Sociedad de Oncología subrayan que siguen «haciendo seguimiento continuo» pero no explican claramente por qué no existe ningún documento que recoja la investigación o las conclusiones que han llevado a la adopción de esos cuatro puntos. Por otra parte, fuentes del Ministerio de Sanidad han explicado a ABC que han solicitado a SEOM sus conclusiones y las estudiarán. Esta respuesta es otra evidencia de la opacidad del proceso ya que Mónica García desconoce el acuerdo bilateral con Atrys Bienzobas pese a que pidió a César Rodríguez que la mantuviera informada del caso tras destaparse el caso. La Fundación ECO para la excelencia y calidad de la oncología tampoco conoce los cuatro puntos pactados. Fuentes de esta prestigiosa institución explican que «no disponemos de información sobre las posibles medidas adoptadas por la SEOM». Pese a ello, valoran «positivamente cualquier iniciativa orientada a mejorar la atención a los pacientes oncológicos y a garantizar que los profesionales sanitarios puedan desarrollar su labor basándose en criterios clínicos y en evidencias científicas». «Todo avance que contribuya a proteger la calidad asistencial y la equidad en el acceso a los tratamientos es fundamental», añaden, respaldando «todas las acciones que busquen la excelencia y la calidad en la atención y en el cuidado de los pacientes de cáncer», pero sin poder valorar si las medidas concretas adoptadas son suficientes al no conocerlas. La opacidad también aparece en la experiencia del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). Fuentes de esta institución muestran su extrañeza por el cambio de actitud que tuvo el expresidente de SEOM respecto a su participación en la investigación. Así, explican que en un primer momento, César Rodríguez aseguró a la presidenta del Grupo, Begoña Barragán , que sería incorporada a las reuniones con Atrys Bienzobas, pero esto nunca sucedió. La participación de GEPAC acabó reducida a una reunión para informarle de los cuatro puntos una vez acordados con la intermediaria. En este sentido, esta entidad muestra su preocupación por la falta de transparencia en torno al informe final de la investigación y a los déficits identificados. Consideran imprescindible conocerlos para poder valorar si las medidas adoptadas son suficientes para garantizar que las decisiones clínicas se tomen exclusivamente en base al mejor interés del paciente. Además, subrayan que siguen recibiendo quejas de pacientes por dificultades para acceder al tratamiento más adecuado para su enfermedad. Por ello, reclaman máxima claridad y garantías para el proceso. Barragán ha solicitado una audiencia con Doña Letizia y se mantiene a la espera de que el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, Agustín Santos, cite a Atrys Bienzobas a comparecer, tal y como prometió antes del verano. El cierre de la investigación de SEOM parece así haber sido en falso ya que a las quejas de los pacientes se unen las de varios de los oncólogos que dieron la voz de alarma el año pasado, y que avisan ahora de que los cuatro puntos no se están cumpliendo de manera efectiva. En este sentido, explican no haber sido informados de que se haya habilitado un teléfono para contactar con los técnicos de Atrys Bienzobas, y denuncian que estos siguen sin hacer «referencia a bibliografía de calidad y con nivel de evidencia adecuado» cuando no conceden autorización para un tratamiento. «En ocasiones dicen que la guía NCCN —la referencia en el diagnóstico y tratamiento del cáncer— admite como adecuadas tanto las opciones que ellos dicen como las que dice el prescriptor. Al 95% de las ocasiones esto es falso», alertan. A partir de aquí, califican los cuatro puntos como «una cortina de humo para ocultar que la realidad es y era que las recomendaciones reiteradas de los asesores de Bienzobas buscan exclusivamente rebajar el coste de los tratamientos, independientemente de la eficiencia de los mismos y el impacto en respuesta y supervivencia para los pacientes». Entre estos oncólogos se acusa ya de complicidad a la cúpula de SEOM por haber «bloqueado la investigación profunda» y negarse a reconocer «que hay múltiples evidencias de que las prácticas de Bienzobas perjudican a los pacientes». Así, subrayan que «estas malas prácticas afectan a los pacientes oncológicos y perjudican el quehacer de los oncólogos». Por su parte, fuentes de Sumar, formación a la que pertenecen tanto Mónica García como Agustín Santos , explican que aunque Atrys Bienzobas no ha comparecido públicamente ante el Congreso, la Comisión de Sanidad ha «hablado» con ella, así como con las empresas privadas sobre los mecanismos de control y los departamentos de oncología. Su siguiente paso será «ver hasta qué punto es posible regular los mecanismos de control del sector privado» a través de la reforma de la ley sobre la regulación de la sanidad privada que se encuentra en el Consejo de Estado. César Rodríguez se comprometió a realizar una investigación en un comunicado público difundido el 17 de marzo de 2025 , en el que subrayó que el «objetivo final» sería «contribuir a la solución de un problema de máxima relevancia para los pacientes que se están viendo afectados por estas decisiones». Al respecto, SEOM señala que el término investigación es muy amplio y que la labor ha consistido en analizar si existían casos de denegación no encontrando situaciones donde no se pueda dar el fármaco. Sin embargo, esta afirmación entra en contradicción con el segundo comunicado que realizó César A. Rodríguez el 18 de marzo de 2025 , en el que confirmó que «en ocasiones» las empresas intermediarias o las aseguradoras privadas «no autorizan tratamientos» de oncología «aludiendo fundamentalmente a problemas de coste-efectividad». El expresidente de SEOM también reconoció que «la decisión final de la prescripción no depende siempre del facultativo que está tratando al paciente, sino de otros actores como el asesor oncológico externo y la aseguradora». Todo ello fue la respuesta a que Atrys Bienzobas subrayó en un comunicado a la CNMV que su labor busca la «sostenibilidad» del sistema y negó malas prácticas. La cuestión de fondo no es si los pacientes se quedan sin recibir tratamiento, sino si Atrys Bienzobas presiona o no a los oncólogos para que no prescriban el fármaco más eficiente cuando supera un umbral elevado de precio -a pesar de que se recete en la sanidad pública-. Ya el año pasado, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer dijo haber recibido quejas de pacientes y doctores de la sanidad pública relataron haber atendido a enfermos con pólizas privadas que encontraron trabas para acceder a esos fármacos. ABC publicó, entre otros casos, el de una funcionaria cuya prescripción fue rechazada y reemplazada por otra alternativa, optando por costearse la quimioterapia inicial y reclamar al Estado. Ganó el caso en lo que supone un precedente importante para l os funcionarios de Muface, Mugeju e Isfas, que son los más afectados por el problema de las supuestas presiones. Ellos no pueden recurrir a la Sanidad pública si se encuentran problemas para recibir un fármaco. Desde SEOM insisten en que «no hay un problema real y todos reciben el tratamiento que les prescribe su oncólogo médico». En esta línea, se limitan a señalar que detectaron que había cuestiones que mejorar en el procedimiento y que su labor es supervisar que el procedimiento sea mejor. La falta de transparencia también aparece en las respuestas de Atrys Bienzobas , que no explica si los cuatro puntos se están aplicando de manera efectiva y si son suficientes para acabar con el problema de las presiones. «Mantenemos un diálogo continuo y constructivo con SEOM. Nuestra última reunión tuvo lugar este mismo marzo y seguimos trabajando conjuntamente con un enfoque de consenso y total transparencia en el proceso asistencial, siempre con el objetivo de garantizar la mejor atención posible a los pacientes», es la respuesta oficial de la intermediaria. SEOM subraya que ninguno de sus cargos tiene relación alguna con Atrys Bienzobas pero dice no saber cuántos de sus asociados la tienen. La cúpula de la Sociedad de Oncología cambió después del verano por caducidad de mandato y César Rodríguez fue sustituido en la presidencia por Javier de Castro , jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz. El vicepresidente es Antonio González, director del Departamento de Oncología Médica de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Sin una investigación completa, independiente y transparente sobre el papel que está jugando Atrys Bienzobas en la autorización de tratamientos contra el cáncer las sospechas que originaron el escándalo seguirán existiendo.
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