El Plural
La causa judicial conocida como Kitchen entra en su fase cumbre con la apertura de juicio oral en la Audiencia Nacional contra una decena de acusados, entre los que no figuran ni el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ni la ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal. La investigación gira en torno a un presunto operativo parapolicial diseñado para sustraer documentación comprometedora en poder del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, con el objetivo de impedir que dichas pruebas llegaran a manos de la Justicia en el marco de las investigaciones sobre la presunta caja B de la formación. El procedimiento dibuja una estructura jerárquica que arranca en la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno del Partido Popular y desciende hasta mandos policiales y colaboradores clave. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los implicados delitos como encubrimiento, malversación de fondos públicos y vulneración de la intimidad, entre otros. La cúpula política: Interior bajo sospecha En la parte más alta del escalafón se sitúa Jorge Fernández Díaz, quien ocupaba la cartera de Interior entre 2013 y 2015, periodo en el que se habría desarrollado el operativo. Según consta en la investigación, el exministro conservador no sólo estaba al tanto de las actuaciones, sino que presuntamente dirigió y coordinó el entramado desde su posición institucional, recibiendo información directa sobre los avances. La Fiscalía solicita para él una pena de 15 años de prisión. Su número dos, Francisco Martínez Vázquez, desempeña un papel clave como enlace operativo. En su condición de secretario de Estado de Seguridad, habría sido el encargado de autorizar el uso de fondos reservados destinados a financiar el espionaje. Las diligencias incluyen comunicaciones y grabaciones que apuntalan su implicación. También se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel. La cadena de mando policial El engranaje policial tiene como figura central a Eugenio Pino Sánchez, quien ejercía como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional. Desde esa posición, considerada la máxima responsabilidad operativa del cuerpo, habría supervisado directamente el desarrollo del dispositivo. Según el sumario, informaba de los avances tanto al secretario de Estado como al ministro. La Fiscalía reclama igualmente 15 años de prisión. Uno de los nombres más conocidos de la trama es el del comisario José Manuel Villarejo. Su papel habría sido determinante en la ejecución del espionaje, actuando como intermediario en tareas de inteligencia y en la captación de fuentes. Villarejo mantenía contacto directo con el chófer de Bárcenas, pieza clave del operativo, y canalizaba la información obtenida. La acusación solicita para él 19 años de cárcel por un conjunto de delitos que incluye cohecho pasivo. En un escalón distinto se encuentra Marcelino Martín Blas, quien dirigía la Unidad de Asuntos Internos. Su equipo habría sido el encargado de ejecutar los primeros seguimientos y vigilancias a la familia Bárcenas. Para él, la petición de pena es sensiblemente menor: dos años y medio de prisión por encubrimiento. El enlace clave con el entorno de Bárcenas Una de las piezas fundamentales del operativo es...
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