El Plural
El Gobierno de Javier Milei ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra el periodismo incómodo. El Ejecutivo argentino retiró este lunes varias acreditaciones de prensa que permiten el acceso a la Casa Rosada y al Congreso, una decisión que ha sido interpretada por sindicatos y profesionales de la información como un intento de disciplinar a los medios críticos bajo la excusa de una supuesta trama de desinformación. La medida afecta a periodistas de cabeceras como Ámbito Financiero, El Destape, Tiempo Argentino o La Patriada, y vuelve a colocar en el centro del debate la creciente obsesión del presidente argentino por controlar el relato público y hostigar a quienes cuestionan su gestión. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció de inmediato que el Gobierno "intenta silenciar al periodismo crítico" al impedir el ingreso de acreditados que desarrollaban su trabajo con normalidad. El episodio no ha sido presentado como un hecho aislado, sino como un nuevo eslabón dentro de una estrategia más amplia de confrontación con la prensa profesional, que Milei y su entorno político llevan meses alimentando con insultos, señalamientos públicos y restricciones crecientes al acceso a la información. Entre los nombres vetados figuran Liliana Franco, de Ámbito Financiero; Jonatan Heguier y Javier Slucki, de El Destape; Tatiana Scorciapino, de Tiempo Argentino; y Fabián Waldman, de La Patriada. En el caso de Scorciapino, la periodista explicó en redes sociales que la prohibición le fue comunicada de forma informal por un custodio de Casa Militar, que simplemente comprobó su nombre en una lista y le negó la entrada sin más explicaciones. La escena retrata con nitidez el clima de arbitrariedad que rodea una decisión que el Gobierno no ha logrado justificar con transparencia ni con garantías mínimas. La excusa oficial remite a la investigación sobre "La Compañía", una red de desinformación supuestamente operada por ciudadanos rusos en suelo argentino, según un comunicado de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El organismo sostuvo que esa estructura buscaba difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros, y aseguró que el caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025. Pero una cosa es investigar una trama de injerencia extranjera y otra muy distinta convertir la sospecha genérica en una herramienta de castigo contra periodistas y medios críticos. Ahí reside la gravedad política del movimiento de Milei: usar una amenaza real o presunta como coartada para depurar el acceso de la prensa al poder. Milei y su obsesión por domesticar a la prensa La retirada de acreditaciones encaja, además, en una deriva ya conocida. En marzo de 2025, el Gobierno de Milei impulsó nuevas reglas para las ruedas de prensa en la Casa Rosada que incluían incluso un polémico "botón muteador" para silenciar periodistas, además de cambios en los criterios de acceso y de participación que despertaron una fuerte contestación en el sector. Más recientemente, en febrero de 2026, el Ejecutivo creó una...
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