COPE
El gobierno municipal de Dénia (PSPV-PSOE y Compromís) ha dado luz verde al inicio de la tramitación del plan especial de Les Alqueries, un proyecto para crear el futuro Bosc de Diana. La iniciativa contempla un gran parque urbano de 14 hectáreas con un lago inundable diseñado para reducir el riesgo de riadas, pero ha chocado frontalmente con la oposición (PP, Vox y Gent de Dénia), que han denunciado, en "El Debat" de COPE Dénia Marina Alta, la falta de garantías para los propietarios privados de los terrenos. Desde el ejecutivo, la concejala de Urbanismo, Maria Josep Ripoll (PSPV), defiende que es el "primer pasito" de una actuación urbanística a largo plazo, fundamental para la ciudad y derivada del Plan General Estructural. Ripoll ha explicado que el objetivo es dar forma a una gran infraestructura verde que minimice las inundaciones en la zona de París Pedrera, una solución inspirada en estudios técnicos y no en "cuestiones ingenieriles duras". Por su parte, Rafa Carrió (Compromís) ha añadido que el proyecto es viable, sostenible y aporta "calidad de vida". La oposición en bloque ha centrado sus críticas en la gestión del suelo. Carlos Barona (PP) ha afirmado que, aunque están de acuerdo con la zona verde, no se puede actuar "en contra del principio de derecho de propiedad que está en la Constitución". "El derecho de propiedad es sagrado", ha sentenciado, acusando al gobierno de vender "humo". En la misma línea, Mario Vidal (Gent de Dénia) ha advertido del riesgo de litigios costosos para el consistorio. Vidal ha señalado que antes de presentar el proyecto se debe negociar con los dueños del suelo, ya que la compensación ofrecida —unidades de aprovechamiento en la futura Ronda Norte— no está definida. "Primero creo que se tiene que tener la burra para venderla", ha criticado. Bernardo Perles (VOX) también ha alertado de que el plan provocará una larga "batalla judicial" si no se ofrece una "compensación real y palpable". Perles ha calificado de "puro estilo Hugo Chávez" las declaraciones del alcalde sobre defender lo público frente a lo privado. El Partido Popular ha planteado además dudas sobre la legalidad de la actuación. Carlos Barona ha argumentado que incluir una infraestructura hidráulica desnaturaliza y reduce la superficie de la zona verde, algo que, según ha recordado, ha sido tumbado por tribunales en otros casos como el de Alcoy. "Se deben llegar a acuerdos reales y de posible cumplimiento. No vale cualquier cosa", ha insistido Barona, quien ha echado en cara al gobierno local la falta de proyectos materializados como la residencia de mayores o la estación de autobuses.
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