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Por fin, dos semanas después, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha terminado de deshojar la margarita. La Cámara Alta, controlada por el PP gracias a su mayoría absoluta, elevará al Tribunal Constitucional el decimotercer conflicto de atribuciones contra el Gobierno y el Congreso. Esta vez, por el veto de dos enmiendas en la ley contra la multirreincidencia en hurtos, que fue aprobada por la Cámara Baja definitivamente el 26 de marzo sin que el Pleno tuviese la oportunidad de pronunciarse sobre dos de las modificaciones introducidas en el texto por los senadores.
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