Cope Zaragoza
Un algoritmo decide a qué colegio irá un niño de dos años en Euskadi. El nuevo sistema de matriculación, diseñado por el Gobierno vasco para luchar contra la segregación escolar es un sistema de baremación por puntos que ha provocado un aumento significativo de las quejas de las familias. Las reclamaciones ante el Ararteko, el defensor del pueblo vasco, han pasado de unas pocas decenas a más de 300 en un solo curso, evidenciando el profundo malestar generado por el cambio. Sin embargo el Departamento de Educación del Gobierno Vasco defiende que este sistema utiliza criterios objetivos para priorizar las solicitudes cuando la demanda en un centro supera las plazas disponibles. Desde el curso 2023-2024, el algoritmo incluye una novedad importante: la reserva de plazas para alumnado vulnerable. El sistema busca una distribución más equilibrada entre centros públicos y concertados para evitar la concentración de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Esto significa que una parte de las plazas de cada centro está "bloqueada" para este perfil de alumnado antes de asignar el resto El descontento, compartido por asociaciones como las federaciones de AMPAS, se centra en la pérdida de la libertad de elección. Muchas familias denuncian que el sistema las ha derivado a centros que no estaban entre sus preferencias para poder cumplir con las cuotas de alumnado vulnerable, ignorando criterios como la proximidad al domicilio o la presencia de hermanos en el centro. El testimonio real de Naiara, una vecina de Txurdinaga con un hijo de dos años, recogido por Cope Euskadi, ilustra la situación. Tras descartar la enseñanza pública, solicitó plaza en dos centros concertados próximos a su casa, uno de los cuales le había confirmado que había plazas suficientes para todos los solicitantes. Sin embargo, su sorpresa llegó con las listas provisionales: "A mi hijo le han asignado un colegio público que nada tiene que ver con lo que nosotros habíamos solicitado". Nayara lamenta que el proyecto educativo es distinto, la conciliación familiar se complica y, sobre todo, la proyección de futuro es muy limitada, ya que el centro asignado solo llega hasta sexto de primaria, mientras que el elegido ofrecía hasta bachillerato. La sensación de indefensión es palpable. "Han cambiado las reglas del juego a mitad de la partida", critica Naiara, quien considera "indignante" que el futuro de nuestro hijo esté en manos de un programa informático y no de una valoración personal de cada caso. El nuevo programa cruza datos de vulnerabilidad (renta, estudios de los padres, ayudas sociales) con las plazas disponibles, aplicando nuevos baremos correctores. Para determinar dicho índice, las familias deben responder una encuesta previa con preguntas sobre cuántas televisiones, ordenadores o si tienen internet en casa, además de autorizar el acceso a sus datos fiscales. Aunque Naiara y otras familias afectadas entienden el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, critican el método. Consideran que es como "matar moscas a cañonazos" y que la libertad de unos no puede ser coartada. "Tengo derecho a elegir cuál quiero que sea la educación de mi hijo y para mi hijo", reivindica. Con el periodo de alegaciones a punto de cerrar, las esperanzas son escasas. Desde Educación, según relata la madre, les han transmitido que hay "pocas fichas que mover" y que las listas provisionales previsiblemente se convertirán en definitivas. Además, denuncia que si una familia vulnerable rechaza la plaza asignada en un centro, esas plazas que han cerrado no se liberan para el resto de alumnos, sino que quedan paralizadas.
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