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En los últimos días, la eutanasia de la joven Noelia Castillo ha reabierto el debate sobre la carencia y desigualdades de los cuidados paliativos en España. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba este fin de semana en una entrevista en Servimedia que si llega a La Moncloa impulsará una ley nacional de cuidados paliativos . Faltaba tiempo para que algún periodista y militantes políticos le respondieran vía redes sociales que esa norma ya existe, adjuntando, sin embargo, para justificarlo una ley autonómica. La realidad es que en nuestro país no existe una ley estatal de cuidados paliativos, una reclamación histórica de los profesionales sanitarios que acompañan a los enfermos en la etapa final de su vida. Y aunque creen que no se debe enfocar como contraposición a la eutanasia, consideran que sin una norma común para todo el territorio no se garantizará esa atención continua de forma homogénea para todos los pacientes. Actualmente, son once las comunidades autónomas que cuentan con una ley de paliativos. Estas son, por orden de fecha de su aprobación, Andalucía, Aragón, Navarra, Canarias, Baleares, Galicia, País Vasco, Comunidad de Madrid, Asturias, Comunidad Valenciana y La Rioja. A nivel nacional lo que existe es una estrategia, que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) considera insuficiente. «Es una estrategia teórica pero en absoluto garantizada en la práctica», lamenta la doctora María Herrera Abián, vocal de Comunicación de la sociedad científica. «Hay planes estratégicos desde hace muchos años y aunque están llenos de teoría y de muy buenas palabras, a día de hoy el acceso no está garantizado para todos», prosigue. En este sentido, los profesionales estiman que solo el 40 por ciento de los pacientes que necesitan cuidados paliativos especializados los reciben. Son miles de españoles, denuncian los paliativistas, los que no tienen acceso a esta prestación sanitaria. Y a los que la perciben, critica esta médico, muchas veces les llegan demasiado tarde. En algunas comunidades en las que las redes asistenciales paliativas están bien desarrolladas ese porcentaje se eleva hasta el 65 por ciento. Pero aun así sigue quedando fuera una parte importante de la población. «La única manera de garantizarlo es con una ley estatal que obligue a que todo el mundo tenga acceso, independientemente de su código postal o de su situación económica», aboga Herrera. Es necesario, incide, establecer unos mínimos comunes para que los pacientes de todas las regiones reciban la misma prestación sanitaria. Los recursos que destina cada comunidad autónoma a la atención paliativa influyen también en esas diferencias de acceso, pues no todos los equipos cuentan con psicólogos o trabajadores sociales, muy necesarios también en este tipo de cuidados, afirma la vocal de la Secpal. El 'Documento 2026-2030 para el desarrollo de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud', al que ha accedido ABC, que se abordará en la reunión del Consejo Interterritorial que tendrá lugar este jueves, se refiere también al territorio como un eje de desigualdad. Entre otras, propone medidas enfocadas a formar a los profesionales de Atención Primaria o a dotar a las unidades de paliativos de profesionales de enlace que se encarguen de la comunicación con la familia y con los sanitarios que prestan la atención en los distintos niveles del sistema. El documento también hace referencia a la necesidad de una atención continuada las 24 horas del día de los siete días de la semana. En este sentido, asegura que la práctica totalidad de las comunidades autónomas disponen de estos sistemas para garantizar esa atención 24/7, aunque con modalidades de cobertura diversas, pero reconoce que es necesario mejorarla. «El objetivo a alcanzar debería ser poder aspirar a modelos en los que se disponga de atención presencial 24/7 por parte de profesionales y recursos específicos», dice el texto. Pero en la práctica, discrepa Herrera Abián, esa atención de 24 horas durante los siete días de la semana no se garantiza «en absoluto». «Madrid sí la tiene, además con un soporte telefónico acreditado y que funciona muy bien, pero en el resto de comunidades autónomas, salvo alguna excepción, no hay una cobertura real, aún queda mucho por hacer», asevera. Lo ideal, continúa esta doctora, sería que todos los territorios contaran con una atención presencial con equipos formados por varias categorías profesionales (médico, enfermera, psicólogo, trabajador social, etc.) y que además pusiera a disposición de los pacientes un servicio de atención telefónica al que poder llamar en cualquier momento. A día de hoy, y aunque definen su reivindicación de una ley estatal como «histórica» por todos los años que llevan reclamándola, los profesionales no ven que el Ministerio de Sanidad tenga intención de darle forma. «No vemos movimiento, lamentablemente, y va en contraposición de otros países europeos vecinos que ya están avanzando en esta ley», sostiene la vocal de Secpal. Piden también al departamento de Mónica García que regule su formación mediante un área de capacitación específica que asegure que todos los profesionales tengan los mismos conocimientos, pues actualmente su formación depende únicamente de ellos, de sus tiempos y de sus recursos. Pero entre los paliativistas hay optimismo y ven cada vez mayor sensibilidad y concienciación sobre estos cuidados tanto entre la población como entre los representantes políticos. «Con el arranque de la Ley de Eutanasia ha habido cierto movimiento alrededor del concepto de la dignidad de la muerte. Pero no somos opción A o opción B, no estamos en contraposición con la eutanasia», remarca Herrera Abián, que insiste en que los cuidados paliativos no son la alternativa a la eutanasia, sino «un derecho fundamental del ciudadano para que se le cuide en la enfermedad avanzada y en el final de la vida». Y si el debate lleva a que algún partido proponga y presente una ley de paliativos, dice la vocal de la Secpal, bienvenido sea.
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