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Pedro Sánchez invita y las comunidades autónomas pagan. La dinámica generosa del presidente del Gobierno tiene el envés perverso de que son otros los que han de asumir el coste de la extensión de derechos. El caso más reciente es la atención sanitaria a inmigrantes. El Consejo de Ministros aprobó hace menos de un mes, y a propuesta del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un Real Decreto por el que se regula el procedimiento para « el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que se encuentren en España sin residencia legal». En la práctica, el cambio... Ver Más
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