Cope Zaragoza
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este martes en el pleno del Senado que el Gobierno espera resolver en el próximo mes de junio la totalidad de las limitaciones temporales de velocidad que todavía afectan a la red de Rodalies de Catalunya. Este anuncio llega en un momento crítico para el servicio y se complementa con la confirmación de una visita del propio ministro este jueves para supervisar sobre el terreno el estado de la infraestructura. Puente ha querido dejar claro que se trata de un viaje de trabajo para tomar decisiones y no de una visita protocolaria, en un contexto marcado por las constantes incidencias. Durante su intervención, el ministro ha detallado que en la actualidad persisten unas 100 limitaciones de este tipo, cuya causa principal se encuentra en los problemas climatológicos sufridos a principios de año y que provocaron daños significativos en la infraestructura. “Nuestro cálculo es que en el mes de junio habremos resuelto todas las que tuvieron origen en los problemas climatológicos de principios de año”, ha afirmado Puente. Como muestra del esfuerzo inversor y de gestión que se está realizando, el titular de Transportes ha resaltado también la recuperación del servicio completo en dos líneas clave: el recorrido íntegro de la línea R1 hasta Maçanet y la normalización del tramo de la R4 entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia. Óscar Puente ha querido matizar el tono de su próxima visita a Cataluña, programada para la mañana del jueves, en la que inspeccionará cuatro puntos estratégicos de la red. El ministro ha negado cualquier atisbo de triunfalismo y ha enmarcado el viaje en la necesidad de actuar con celeridad ante una situación compleja. Ha recordado los graves incidentes que ha sufrido la red en los últimos meses, entre los que se cuentan la muerte de un trabajador y una paralización casi total del servicio que afectó a miles de usuarios, para subrayar la seriedad del momento. En este sentido, Puente ha sido tajante al afirmar que su presencia en Cataluña no responde a un sentimiento de complacencia por las mejoras parciales. “No se trata de una visita en un clima de eufòria, sino en el mismo contexto de problemas que hay desde hace dos o tres meses”, ha declarado, buscando así gestionar las expectativas y mostrar empatía con el malestar de los viajeros. Su objetivo, ha dicho, es ver el estado de la red en directo y decidir sobre las actuaciones a aplicar de forma inmediata para acelerar la vuelta a la normalidad. En otro orden de cosas, y a preguntas del senador de Junts, Eduard Pujol, el ministro ha abordado el considerable retraso en la entrega de los nuevos trenes destinados a modernizar la flota de Rodalies. Puente ha señalado directamente a la empresa fabricante, Alstom, como única responsable de estas demoras. Ha explicado que el Gobierno central formalizó la compra de material rodante para Cataluña, Madrid y otras partes de España el mismo día y con diferentes fabricantes, y mientras otros proveedores están cumpliendo los plazos, la producción de la factoría catalana acumula retrasos. “El fabricant ha de respondre dels endarreriments; el ministeri no n’és responsable”, ha sentenciado Puente para desvincular a su departamento de cualquier culpa en este asunto. Ha insistido en que cada parte debe asumir sus propias obligaciones contractuales y que, en este caso, es la compañía la que debe dar explicaciones y soluciones. El ministro ha defendido la gestión de su cartera, subrayando que la inversión está hecha y el problema reside exclusivamente en la cadena de producción de Alstom. Finalmente, Óscar Puente ha introducido un matiz político en su respuesta al senador de Junts, afirmando que considera positivo que la fabricación de estos trenes se esté llevando a cabo en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Con cierta ironía, ha añadido: “Dono gràcies que els trens de Rodalies de Catalunya s’estiguin fabricant a Barcelona, porque si los trens es fessin a Madrid y no a Catalunya, se’ls hauria d’escoltar”. Con estas palabras, el ministro ha sugerido que la ubicación de la fábrica en territorio catalán modera las críticas que recibiría el Gobierno si los retrasos proviniesen de una planta situada en otro lugar de España, poniendo de relieve que la responsabilidad final recae en el rendimiento industrial del fabricante y no en una decisión política centralizada.
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