COPE
Un cambio normativo de última hora ha desatado el caos en asesorías, despachos profesionales y graduados sociales en plena campaña de la Renta. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 30 de marzo la Orden PJC/297/2026, que fija las nuevas normas de cotización para el ejercicio 2026. A pesar de que la norma entró en vigor el 1 de abril, sus efectos son retroactivos desde el 1 de enero, lo que ha obligado a rehacer miles de nóminas ya tramitadas y abonadas, generando una sobrecarga de trabajo y un profundo malestar entre los profesionales. La situación ha sido calificada de “colapso” por Pepe Crespo, presidente del Colegio de Graduados Sociales en Alicante, en declaraciones a Herrera en COPE Alicante. Según Crespo, la publicación de la orden el 31 de marzo, con las nóminas del trimestre ya calculadas, ha provocado que los despachos se vean forzados a una revisión masiva. “Nos ha tocado trabajar en Semana Santa y nos está tocando ahora con el arranque del período trimestral, que también se ha abierto hasta el día 20 de abril”, ha explicado, describiendo una presión insostenible. Los profesionales deben revisar ahora todas las nóminas desde enero para ajustarlas a las nuevas bases mínimas y máximas de cotización. Esta tarea consiste en recalcular los importes para evitar problemas legales y liquidar correctamente las aportaciones a la Seguridad Social tanto de trabajadores como de empresas, solapándose con el inicio de la campaña de la Renta, uno de los momentos de mayor actividad del año. Crespo ha denunciado la “inseguridad jurídica” que esta forma de proceder genera. “Esto es una forma de trabajar por parte de la administración, sobre todo de la Tesorería y de la Seguridad Social, algo inaudito, aunque se viene repitiendo ya durante 4 años”, ha lamentado. Según el presidente de los graduados sociales, esta práctica se debe a la ausencia de una Ley General de Presupuestos, lo que lleva al Gobierno a legislar a golpe de reales decretos. El principal peligro de no adaptar las nóminas a la nueva regulación es enfrentarse a posibles sanciones. Si no se revisan los cálculos y un trabajador ha cotizado por debajo de lo estipulado, la Seguridad Social puede emitir una declaración paralela que conllevará “recargos y demás”. Este riesgo afecta por igual al trabajador, a la empresa y a la propia actividad de los despachos, que deben detraer personal para estas revisiones imprevistas. Crespo ha criticado duramente la situación: “Es algo que se podía perfectamente haber solucionado si esto se hubiera publicado a principios de mes o, incluso, antes de finalizar el ejercicio. Estamos ya, pues, un poco hartos de esta forma de trabajar”. Ante la confusión generada, el experto ha aclarado que este cambio no afecta a la declaración de la Renta de 2025, que es la que se presenta ahora, ya que esta corresponde a los rendimientos del trabajo de dicho año. La modificación impacta en las liquidaciones de seguros sociales de 2026, que podrían verse alteradas en los próximos meses si no se realizan las correcciones pertinentes. Por tanto, los contribuyentes pueden fiarse de los datos fiscales disponibles para su declaración actual.
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