Cope Zaragoza
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga ha anulado la retirada del permiso de conducir a una persona con problemas de salud mental. La magistrada ha estimado el recurso presentado contra la resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico, que considera "inválida" por la "falta de motivación por ausencia de motivos" que presenta. Esta decisión judicial sienta un precedente en la lucha contra la discriminación por salud mental en las administraciones públicas. Los hechos se remontan a 2021, cuando la persona afectada presentó su solicitud anual de renovación del permiso. Según han informado la Confederación Salud Mental España y la federación andaluza, propuso espaciar los controles médicos, ya que llevaba más de diez años con estabilidad clínica y en seguimiento continuado. Había estado renovando su permiso de forma ininterrumpida desde 2009, "sin haber tenido incidente alguno". Sin embargo, Tráfico no solo rechazó su propuesta, sino que le retiró el permiso de conducir de forma "irreversible". Esta drástica medida se tomó a pesar de que la persona se encontraba clínicamente estable, mantenía un proyecto de vida activo y, fundamentalmente, dependía del vehículo para poder desplazarse a su puesto de trabajo. La defensa del recurrente argumentó que la resolución de Tráfico se fundamentó en un informe de un inspector médico que, tal como recoge la sentencia, "de manera escueta y telegráfica" aludía a situaciones de salud incluidas en el Reglamento General de Conductores. La magistrada describe este documento como uno "con ausencia de razonamientos", insuficiente para justificar una medida tan severa. Frente a este informe, la persona afectada presentó un completo historial clínico y una prueba pericial de especialistas en psicología y psiquiatría del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Estos profesionales, que habían seguido su estado durante años, manifestaron en el juicio "con contundencia y concreción" la "estabilidad mental del recurrente, la reversabilidad de la gravedad y su situación actual apta para la utilización de vehículos a motor". La sentencia es firme y subraya que "una resolución sin motivación, basada en un informe escueto puede ser invalidada o nula porque viola el derecho fundamental al debido proceso". La jueza incide en que el inspector médico "no ha realizado un examen presencial" del afectado y "no aduce de dónde extrae sus conclusiones", lo que conduce a un resultado "insuficiente, incongruente y carente de razonabilidad". Por todo ello, concluye que la resolución administrativa "ha de considerarse inválida". Desde las organizaciones de salud mental han apuntado que la retirada del permiso provocó un "impacto severo" en esta persona. Sufrió la pérdida de su empleo como operario y la ruptura de su proyecto de vida autónomo, generándole una profunda situación de indefensión. En sus propias palabras, la retirada del permiso le afectó "profundamente; perdí mi empleo estable, no pude hacer frente al pago del coche que acababa de adquirir y mi salud se deterioró hasta requerir dos ingresos hospitalarios". La reciente sentencia ordenaba a la administración realizar una nueva valoración de las aptitudes psicofísicas del recurrente, recabando un informe motivado y realizando una revisión de su situación médica de forma "presencial". Gracias a ello, la persona afectada "está de nuevo en posesión de su carné de conducir", aunque deberá someterse a revisiones periódicas cada seis meses. El abogado del demandante, Eladio Rico, vinculado al movimiento asociativo de Salud Mental España, destaca la trascendencia del fallo. Según el letrado, "esta sentencia evita profundizar en el estigma que aún afecta a muchas personas con diversidad funcional o problemas de salud mental. La resolución de Tráfico se adoptó sin evaluación presencial, sin razonamiento clínico y sin garantizar el derecho básico a una valoración individualizada". La persona afectada ha querido agradecer el apoyo recibido durante todo el proceso, mencionando especialmente a Ana Mingorance, asesora jurídica de la Federación Salud Mental Andalucía, y al equipo del Hospital de Día de Antequera. Mingorance ha subrayado que este caso "evidencia que el estigma está presente en todas las instituciones y en todas las parcelas de la vida y afecta gravemente a la vida de las personas con problemas de salud mental". La confederación y la federación han señalado que ahora se estudia la presentación de una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado "por los daños y perjuicios ocasionados por la resolución revocada". Este paso buscaría una compensación por el grave impacto personal y profesional que la decisión de Tráfico tuvo en la vida del afectado. Por su parte, Irene Muñoz, asesora jurídica de la confederación, ha recalcado que "esta sentencia pionera se pone del lado de la dignidad de un sector de la población que está especialmente expuesto a sufrir conductas discriminatorias a causa de los prejuicios en materia de salud mental". Espera que sirva para impulsar cambios a nivel colectivo. Finalmente, desde Salud Mental España han reivindicado la necesidad de "más formación, concienciación y sensibilización en salud mental para erradicar el estigma en las administraciones públicas". Advierten que estos prejuicios se traducen en que las personas con discapacidad psicosocial sean discriminadas y pierdan oportunidades para desarrollar un proyecto de vida digno, con el enorme sufrimiento que esto conlleva.
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