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Vivir en el centro de una ciudad puede convertirse en un problema de salud, como le ha ocurrido a Alejandro, un vecino de Bilbao residente en la zona del Arenal. Durante los últimos siete años, ha denunciado niveles de ruido que, según sus propias mediciones, superan ampliamente los límites legales permitidos. Cansado de la actividad constante de eventos, conciertos y músicos callejeros frente a su casa, ha decidido dar un paso más allá de la queja y ha acudido a la vía penal por un presunto delito de contaminación acústica, una batalla que plantea un debate de fondo: el equilibrio entre la vida cultural de una ciudad y el derecho al descanso. Aunque existen asociaciones y otros vecinos con problemas similares, Alejandro ha emprendido esta lucha en solitario. Atribuye esta situación a que, en su opinión, "la sociedad es un poco pusilánime, y además, cuando interviene la autoridad, siempre hay miedo". Considera que no hay "suficiente consciencia social" ni voluntad de "lucha por nuestros derechos" y sí "temor a la autoridad". Ante la pregunta de por qué no se muda, su respuesta es contundente: lleva 58 años viviendo en el mismo domicilio, desde una época en la que los altavoces "eran una cosa rara". Sin embargo, su principal argumento es legal. "Las autoridades deben cumplir y hacer cumplir la ley", afirma. "Si uno no quiere cumplir la ley, no tiene por qué aprobarla, pero una vez se apruebe, hay que cumplirla". Apela al artículo 18.1 de la Constitución sobre la inviolabilidad del domicilio para defender su postura: "Tengo derecho a permanecer y a vivir pacíficamente en mi casa". La decisión de acudir a la vía penal no ha sido repentina. Durante años, se dirigió "cientos de miles de veces" al Ayuntamiento de Bilbao, donde asegura que "se ríen de ti, se burlan, te ningunean, te desprecian, no te contestan, para seguir con la perpetración del ilícito". También recurrió durante más de dos años al Defensor del Pueblo en Madrid, institución que llegó a comunicar al alcalde que estaba "vulnerando los derechos fundamentales de los vecinos". Además, presentó una queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La vía penal fue su último recurso para evitar, según explica, que "cualquiera no pague con nuestros impuestos los desmanes de nuestras autoridades". Su objetivo es que los responsables políticos asuman las consecuencias. "Mi aspiración es llegar a los verdaderos responsables, que son los políticos que han diseñado y que implementan contra viento y marea esta política festiva", declara. La denuncia, presentada en julio de 2024, se fundamenta en una abrumadora cantidad de pruebas. Inicialmente aportó 1.500 mediciones, a las que sumó otras 1.500 en el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, y sigue recopilando datos. El proceso judicial se encuentra en fase de instrucción, y los primeros investigados han sido llamados a declarar en mayo de este año. Alejandro también denuncia presuntas trampas por parte de las autoridades. Acusa directamente al departamento de Movilidad y Sostenibilidad de estropear los sonómetros públicos para ocultar los excesos de ruido. "Usted lo mira en GeoBilbao, que es una aplicación, están todos en mantenimiento", afirma, enumerando varios medidores fuera de servicio en el entorno del Arenal. Para él, el único criterio válido y objetivo es la ley: "que hayan todas las fiestas que quieran, pero respetando los decibelios".
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