Cope Zaragoza
A una semana del desprendimiento de una roca de grandes dimensiones sobre una vivienda habitada en Cala Galdana (Ferreries), la preocupación por la estabilidad de los acantilados sigue latente. El suceso, que afortunadamente se saldó sin heridos, obligó a desalojar a la familia residente, que fue realojada por el Ayuntamiento. Ahora, el consistorio ha aclarado los pasos a seguir y sobre quién recae la responsabilidad de la conservación de la zona. El alcalde de Ferreries, Pedro Pons, ha explicado que la zona del desprendimiento, en el Carrer de Riu, afecta a un total de cuatro fincas privadas. Según Pons, cada una de estas propiedades incluye en sus límites una parte del acantilado, por lo que su mantenimiento es una obligación particular. El desprendimiento se originó por la caída de un pino que arrastró las piedras en una de estas parcelas. El Ayuntamiento de Ferreries ya ha realizado una primera visita a la zona afectada junto a un técnico de una empresa especializada. Esta inspección visual inicial ha servido para trazar una hoja de ruta que se ha comunicado a los vecinos. El objetivo es realizar una evaluación exhaustiva para evitar nuevos desprendimientos. La primera recomendación de los expertos es clara: es necesario realizar un desbroce y limpieza de la vegetación en la parcela donde se originó la caída, ya que es la que más plantas acumula. El alcalde ha señalado que estas tareas son imprescindibles antes de poder llevar a cabo un análisis técnico detallado del estado de la roca. "Lo que convendría hacer es un desbroce y una limpieza, sobre todo en esta parcela, para después hacer una evaluación de cómo está el acantilado en las cuatro parcelas", ha matizado Pons. Pedro Pons ha sido contundente al afirmar que, al tratarse de propiedades privadas, la responsabilidad última del mantenimiento recae en sus dueños. "Son fincas privadas y, en principio, es su responsabilidad mantener esa finca también en condiciones", ha declarado el alcalde. Esta aclaración sitúa las obligaciones de conservación directamente en el ámbito de los propietarios de las viviendas. A pesar de ello, el consistorio no se desentiende del problema y actuará como intermediario. El Ayuntamiento está recopilando información sobre empresas especializadas en este tipo de trabajos para facilitar el contacto a los propietarios. Una vez se disponga del informe técnico definitivo, se comunicará a cada dueño las actuaciones que "corresponde o que convendría hacer en cada parcela". La cuestión sobre quién asumirá los costes de estos trabajos, que pueden llegar a ser muy elevados, también está sobre la mesa. La posibilidad de que un propietario particular, como un jubilado, no pudiera hacer frente a la inversión, abre un debate sobre la viabilidad económica de las medidas de seguridad necesarias para la zona. Ante esta incertidumbre, el alcalde ha asegurado que la situación se valorará "en función de lo que diga el informe". El consistorio tendrá en cuenta las circunstancias particulares de cada propietario, como su situación personal o la cobertura de sus seguros, para estudiar posibles vías de actuación en el futuro. Mientras se define el futuro del acantilado, la familia desalojada continúa buscando una solución. Tras pasar la primera semana en un hotel proporcionado por el Ayuntamiento, ahora se encuentran en búsqueda de una alternativa habitacional mientras gestionan la situación con su compañía de seguros. Este incidente en Cala Galdana ha reavivado la preocupación en la isla, recordando el derrumbe mortal ocurrido en Cala Sant Esteve (Es Castell) el pasado enero.
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