Cope Zaragoza
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Huesca presentará una moción en el próximo pleno de abril para mostrar su rechazo a la concertación del bachillerato anunciada por el Gobierno de Aragón. La portavoz socialista, Silvia Salazar, ha calificado la medida como "un cambio importantísimo en el modelo educativo" que no responde a ninguna necesidad real en la ciudad, sino a "una decisión política profundamente cuestionable". Salazar ha defendido que la oferta pública actual en Huesca "cubre sobradamente la demanda", existiendo vacantes en los institutos, por lo que se pregunta: "¿qué problema real viene a solucionar esta concertación?". Para el PSOE, no hay justificación educativa y la decisión contribuirá a "debilitar la red pública". Insisten en que la prioridad debe ser que "el dinero público se destine a fortalecer lo público, que es de todos y de todas". Los socialistas argumentan que esta medida detrae recursos de la escuela pública para destinarlos a la privada. Según sus cifras, la concertación supondrá un gasto de 14 millones de euros a lo largo del año, un dinero que, según Salazar, "bien podrían cubrir todas las inversiones que necesitan los centros". Ha recordado que "cada euro en concertar es un euro menos que va a lo público". Salazar ha enumerado las "carencias estructurales importantísimas" de la red pública, como la falta de profesorado, los retrasos en cubrir bajas, las altas temperaturas en las aulas por falta de climatización o la necesidad de adaptar los patios escolares al cambio climático. El concejal José María Romance ha añadido que existen "serias dudas jurídicas" sobre la legalidad de la medida. Ha señalado que juristas de la Universidad de Zaragoza sostienen que un gobierno en funciones "no puede empezar a concertar el bachillerato". Romance se ha centrado para este argumentario en el decreto legislativo que prohíbe a un ejecutivo interino aprobar convenios que supongan obligaciones económicas para la Hacienda autonómica. Por ello, el PSOE en las Cortes de Aragón ya ha solicitado los informes técnicos y jurídicos que avalen la decisión. Salazar también ha deslizado la sospecha de que la medida responda a un "movimiento político" del señor Azcón "para acercarse a VOX y facilitar su investidura". El grupo municipal no descarta emprender acciones legales, ya que consideran que se trata de una decisión "injustificada, precipitada y quizá, quizá ilegal".
Go to News Site